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Noticias › Comisión de Normativa

Proyecto de ley de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión residencial

24/10/2016
Este proyecto de ley se encuentra en trámite en el Parlamento y se tramita por el procedimiento de urgencia.

Pretende sustituir los aspectos de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética que fueron objeto de recurso de inconstitucionalidad y que se encuentran suspensos por el Tribunal Constitucional.

Incorpora una mediación obligatoria previa a la vía judicial para el que las partes en conflicto, antes de interponer cualquier reclamación administrativa o demanda judicial, deben acudir a la mediación o pueden acordar someterse al arbitraje. Una vez transcurrido el plazo de tres meses a contar desde la notificación del acuerdo de inicio de la mediación sin haber alcanzado un acuerdo satisfactorio, cualquiera de las partes puede acudir a la reclamación administrativa o en la demanda judicial. Esta mediación es aplicable en casos de transmisión de viviendas derivados de daciones en pago de préstamos o créditos hipotecarios sobre la vivienda, si el transmitente no tiene alternativa de vivienda propia y se encuentra en situación de riesgo de exclusión residencial.

Por otra parte el texto prevé una serie de instrumentos de actuación de las Administraciones Públicas: en el caso de viviendas vacías: la utilización temporal (mediante expropiación forzosa) de viviendas por causa de interés social; en el caso de viviendas ocupadas: obligación de realojamiento (por parte del titular de la vivienda que es "gran tenedor" en determinados supuestos de personas o unidades familiares en riesgo de exclusión residencial, y, por último, la expropiación del derecho de uso por declaración de interés social de la cobertura de la necesidad de vivienda de personas sin alternativa de vivienda propia y en situación de riesgo de exclusión residencial, por un plazo de 3 años, a efectos de permitir el realojamiento.

Hay que advertir de la previsión de la aplicación del régimen sancionador previsto en la Ley de la Vivienda por incumplimiento de las obligaciones de comunicar la presentación de demandas de ejecución hipotecaria o de desahucio, y de la obligación de realojamiento.

Contactos

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