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Noticias › Comisión de Normativa

Proposición de ley de la renta garantizada de ciudadanía establecida por el artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña

19/12/2016
Esta iniciativa es una proposición de ley de iniciativa legislativa popular. Se encuentra en trámite en el Parlamento de Cataluña y se tramita por el procedimiento de urgencia.

Deroga la Ley 10/1997, de 3 de julio, de regulación de la renta mínima de inserción.

Regula la Renta Garantizada de Ciudadanía que debe asegurar los mínimos de una vida digna a las personas y las familias o núcleos de convivencia que se encuentran en situación de pobreza. Se configura como un derecho subjetivo de todas las personas que cumplan los requisitos establecidos en esta ley, y consiste en una prestación económica de carácter periódico no está condicionada a la obligación de participar en ningún tipo de actividad de inserción laboral o social, ni a razones de carácter presupuestario. Tiene carácter suplementario de todo tipo de ingresos y prestaciones de carácter económico, por lo que en caso de existir ayudas o prestaciones de similar naturaleza también tendrán la consideración de ingresos y deberán ser objeto de cómputo a efectos de determinar esta Renta garantizada de Ciudadanía.

La proposición regula los requisitos que deben cumplir las personas para tener derecho a la Renta Garantizada de Ciudadanía, determina el límite de ingresos individual y por núcleo familiar o de convivencia (por debajo de los cuales se tendrá derecho a la prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía) y el derecho a percibirla lo será para todo el tiempo en que se acredite la situación de necesidad y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. Además, se regulan las obligaciones del titular de la prestación económica, la modificación de su cuantía, la suspensión y la extinción del derecho a percibir la prestación económica

La Renta Garantizada de Ciudadanía se financiará íntegramente con cargo al Presupuesto de la Generalitat de Cataluña, y se solicitará en las oficinas competentes de las administraciones locales y la administración de la Generalitat de Catalunya o de las entidades debidamente acreditadas. La Administración de la Generalitat de Catalunya será competente para dictar las resoluciones administrativas pertinentes, tanto en cuanto a la aprobación o denegación inicial, como en cuanto a la posible modificación, suspensión o extinción del derecho a la prestación de la Renta Garantizada de ciudadanía. La Administración competente dictará resolución expresa denegando o accediendo a la solicitud en el plazo de 30 días desde la fecha de la solicitud. Si en este plazo no se dicta resolución expresa se entenderá estimada la solicitud presentada. La Resolución administrativa estimatoria de la solicitud o, en su caso, el silencio administrativo positivo, tendrán efectos desde el primer día del mes en que se haya acreditado la falta de recursos económicos.

[INICIATIVAS LEGISLATIVAS. PARLAMENT DE CATALUNYA]

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