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Noticias › Comisión de Mujeres Abogadas

Posicionamiento de la Comisión de Mujeres Abogadas del Colegio de Barcelona ante la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de artículos de la Ley de Igualdad catalana

13/10/2016
El día 6 de octubre el Tribunal Constitucional decidió declarar nulos algunos de los artículos de la Ley Catalana 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres. El TC fundamenta su decisión de suspensión en la consideración de que es competencia exclusiva del Estado español la regulación de las medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito del Trabajo y, más concretamente, señala que corresponde sólo a las Cortes españolas codificar: la prevención del acoso sexual o de acoso por razón de sexo en las empresas (art. 33), la implementación de planes de igualdad incluida la creación de un Registro Público de planes de igualdad ( art. 36), la negociación colectiva con presencia de mujeres y con perspectiva de género (arts. 39 y 40), y la Prevención de riesgos laborales en la empresa (art. 44).

Hay que indicar que el mismo preámbulo de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres recoge de manera expresa la necesidad de una acción normativa dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y hombres, con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla. La ley hace referencia a la generalidad de las políticas públicas tanto estatales como autonómicas y locales, y lo hace al amparo de la atribución constitucional al Estado de la competencia para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales. La actuación normativa de las Autoridades catalanas, que son las esferas de gobierno más cercanas a la población, se basa justamente en la conveniencia de dar una respuesta a las necesidades de las mujeres, emprendiendo medidas concretas a favor de la igualdad de género. La Ley catalana se impregna de los mismos principios que los que recoge la Ley Orgánica, así como también de aquellos que establece la Carta Europea para la igualdad de mujeres y hombres, entendida como derecho fundamental que debe aplicarse en todos los campos en los que los poderes públicos ejercen responsabilidad.

En la elaboración de la Ley ahora suspendida no se parte de cero ya que ésta ha nacido fruto de recoger las reivindicaciones históricas del movimiento feminista, las asociaciones de mujeres y las asociaciones que luchan por los derechos de las mujeres. La institucionalización de los postulados feministas ha sido y es el reconocimiento del papel de las mujeres como interlocutoras en la tarea normativa, y entendemos, por tanto, que suspender estos artículos supone un golpe a la democracia por el avance hacia la igualdad de las mujeres en el ámbito laboral, así como para el avance de un pueblo que aspira a tener una herramienta legislativa más completa sobre una materia tan sensible como atrasada en su puesta en marcha.

En definitiva, es una exigencia democrática que los gobiernos den salida política y, por tanto, legislativa, a las reivindicaciones de su ciudadanía.

¿Qué perjuicio puede suponer, desde una mirada amplia de respeto a los derechos fundamentales y a las Directivas Europeas citadas en la propia exposición de motivos de la ley orgánica española 3/2007, que se regulen y se concreten temas como la prevención del acoso sexual y por razón de sexo en las empresas, los planes de igualdad o las funciones de la/el responsable sindical en materia de igualdad?

Probablemente nos encontramos ante el mismo impulso que llevó al Tribunal Constitucional a suspender también la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, y consideramos que detrás de las dos actuaciones se esconde una voluntad política entendida en un contexto concreto relativo al proceso soberanista, en el que prima la delimitación del ámbito competencial por encima de la finalidad que pueda tener esta ley que es, en último término, desarrollar el derecho fundamental a la igualdad entre las mujeres y los hombres. Por lo tanto, desde la Comisión de Mujeres Abogadas del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) entendemos que este tipo de resoluciones representan una involución en la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos laborales en las empresas, en pie de igualdad REAL con los hombres.

Comisión de Mujeres Abogadas
Colegio de Barcelona

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