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Proposición de ley de garantía de la seguridad y convivencia ciudadanas frente a la ocupación ilegal de viviendas

16/04/2018
Esta proposición se encuentra en trámite en el Congreso. Todavía no ha sido tomada en consideración. Entrada en vigor prevista para el día siguiente de su publicación en el BOE.

La proposición pretende ofrecer una protección integral y efectiva a los propietarios y a los otros titulares de derechos legítimos ante la ocupación ilegal. A tal efecto, modifica -entre otros- la Ley de Propiedad Horizontal (art. 7) para prever que la acción de la comunidad pueda dirigirse contra las acciones de los ocupantes ilegales cuando afecten a la seguridad o la convivencia con los propietarios o arrendatarios.

También modifica la LEC para prever que se puedan tramitar en juicio verbal las demandas que pretendan el lanzamiento o desalojo y la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, por parte de su propietario o usufructuario, por haber sido despojado de ella sin su consentimiento; también prevé que, en estos juicios verbales, no sea necesaria la consignación de los datos y circunstancias de identificación del demandado cuando sea imposible o de extraordinaria dificultad, aunque se deberá consignar las razones que justifican esta omisión para su valoración judicial. Prevé que en estos casos el tribunal acordará -de forma simultánea con el traslado de la demanda- la entrega de la posesión inmediata al demandante que así lo solicite y haya aportado título que acredite el derecho a poseer la vivienda o parte de él, sin exigirle caución ni concurrencia de peligro por la mora procesal. La autoridad judicial deberá comunicar a los servicios municipales de atención social del municipio de que se trate, la apertura del proceso a los efectos de la adopción de las medidas correspondientes, en su caso. El demandado y los ocupantes de la vivienda podrán oponerse al auto que acuerde el lanzamiento en el plazo de 10 días, sin que se suspenda la efectividad de la medida. Las sentencias que se dicten en estos juicios verbales no tendrán efectos de cosa juzgada.

Modifica la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas con el fin de reforzar en los casos que regula esta proposición, la potestad de recuperación posesoria.

Modifica la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, para prever que en los de viviendas u otras edificaciones que no sean domicilio, si el legítimo titular hubiera denunciado el empleo y existieran indicios suficientes de la posibilidad de su utilización con fines delictivos, se considere causa legítima para la entrada, registro e identificación de los ocupantes,

También modifica el artículo 245.2 del Código Penal, a fin de establecer que en los casos que prevé el delito sea castigado, además de con las penas que correspondan por las violencias ejercidas, con la pena de prisión de uno a dos años ".

Además, se modifica la LECrim. (Art. 795.1,2a) para hacer aplicables las previsiones del art. 795 los delitos de usurpación

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