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Ley 1/2018, de 8 de mayo, de modificación de la ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas y financieras del sector público (DOGC de 9 de mayo de 2018)

22/05/2018
Entrada en vigor: 10/05/2018

La Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público incorpora en su artículo 211 la obligatoriedad por parte de los estudiantes que hayan iniciado los estudios de grado universitario en el curso 2014 hasta 2.015 de acreditar los conocimientos de una tercera lengua como requisito para obtener la titulación universitaria. El objetivo que persigue ha sido compartido por la comunidad educativa y el sistema universitario catalán, pero, debido a la falta de instrumentos ofrecidos, en los últimos años, por los departamentos competentes en relación a facilitar la obtención del nivel B2 de una tercera lengua a los estudiantes que iniciaron sus estudios universitarios en el curso 2014-15, hay que replantear este objetivo en los aspectos temporales, entre otras razones porque el Gobierno no ha facilitado las herramientas a los estudiantes para alcanzar los niveles exigidos por una tercera lengua y, por tanto, no se puede conseguir el objetivo que se planteaba la ley.

Por ello, se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 211 de la ley 2/2014, de 27 de enero de medidas fiscales, administrativas y financieras del sector público, sobre acreditación de los conocimientos de una tercera lengua, con el fin de establecer que los estudiantes que inicien los estudios universitarios de grado en una universidad catalana el curso 2018/19 y posteriores deben acreditar, al acabar los estudios, el conocimiento de una lengua extranjera de entre las establecidas en las pruebas para el acceso a la universidad (PAU), con un nivel equivalente al B2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER) del Consejo de Europa.

Esta acreditación se podrá obtener mediante los certificados acreditativos de conocimientos de idiomas que tengan reconocida la equivalencia con el Marco europeo común de referencia. El departamento competente en materia de universidades, por medio del Consejo Interuniversitario de Cataluña, debe velar por el desarrollo de este procedimiento.

[NORMATIVA APROBADA. LEYES DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA]

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