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Proposición de Ley para la reparación jurídica de las víctimas del franquismo mediante la declaración de nulidad e ilegitimidad de los tribunales constituidos durante la Guerra Civil y el franquismo, así como de sus sentencias dictadas

26/02/2018
Esta proposición se encuentra en trámite en el Congreso. El Pleno ha aprobado la toma en consideración y continúa su tramitación parlamentaria. Entrada en vigor: prevista para el día siguiente de su publicación en el BOE.

La iniciativa prevé la modificación del artículo 3 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura.

Esta modificación conllevaría la declaración de ilegitimidad y nulidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la ilegitimidad y nulidad de sus resoluciones.

También, por ser contrarios a derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, pretende que se declare en todo caso la ilegitimidad y nulidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y consejos de guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la presente Ley.

Por último, pretende que se declaren ilegítimas y nulas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución.

Determina, además, que en el plazo de 6 meses desde la aprobación, el Gobierno elabore un informe sobre la implementación de la Ley de Memoria Histórica y su uso por parte de las víctimas con el fin de ajustar los modelos y medidas los reclamos de las víctimas, estableciendo canales de comunicación entre las autoridades competentes, las víctimas y las asociaciones.

[INICIATIVES LEGISLATIVES. CORTS GENERALS]

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