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Noticias › Comisión de Normativa

Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas (BOE de 12 de junio de 2018 )

25/06/2018
Entrada en vigor: 02/07/2018. Adiciona un nuevo apartado 4. al artículo 150, un nuevo apartado 3 bis al artículo 437, un nuevo apartado 1 bis al artículo 441, un nuevo apartado 1 bis al artículo 444, y modifica el artículo 250.1, 4º.

Modifica la disposición final décima de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, a fin de aplazar hasta el 30 de junio de 2020 la entrada en vigor de aquellas disposiciones de esta ley que aún no han entrado en vigor

Incorpora la previsión de tramitación de las demandas que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado o perturbado en su disfrute, y prevé que se podrá pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella -siempre que el propietario o poseedor legítimo por otro título se haya visto privado de ella sin su consentimiento-si el demandante es persona física, entidad sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y entidad pública propietaria o poseedora legítima de vivienda social, especificando la regulación de este trámite. Se prevé su tramitación mediante los trámites del juicio verbal.

También determina que cuando estas demandas sean para recuperar la posesión de una vivienda o parte de él, se podrán dirigir genéricamente contra los desconocidos ocupantes de la misma, sin perjuicio de la notificación que se haga a quien en concreto esté en el inmueble al tiempo de llevar a cabo la notificación. A la demanda deberá acompañarse el título en que el actor funde su derecho a poseer.

También se prevé que cuando se haya de notificar la resolución de lanzamiento de la vivienda, se haya de dar traslado a los servicios sociales para que actúen, en su caso, en la protección de las personas que serán desocupadas y pueden necesitar una vivienda. En esta misma línea se prevé la existencia de protocolos y planes que garanticen políticas públicas en materia de vivienda con el fin de prevenir situaciones de exclusión residencial y al mismo tiempo garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales de lanzamiento o desalojo.

[NORMATIVA APROBADA. LEYES DE LAS CORTES GENERALES]

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