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Comunicado de la Junta de Gobierno del ICAB

29/03/2020
Desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona entendemos que el ejercicio del derecho de defensa, incluyendo en éste la prestación de todo tipo de servicios jurídicos, desde el asesoramiento que prestamos a la ciudadanía hasta la asistencia a las personas detenidas o investigadas -que además deben realizarse con las debidas garantías sanitarias y mediante videoconferencia-, no pueden cesar en el estado de alarma.
Comunicado de la Junta de Gobierno del ICAB

El Presidente del Gobierno anunció el 28 de marzo de 2020 que todas las personas trabajadoras de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas dos semanas. Esta medida estará en vigor desde el lunes 30 de marzo hasta el jueves 9 de abril.

Decretado el confinamiento, y que únicamente se permitan actividades consideradas como esenciales, no debe limitarnos a asumir como tales las establecidas en el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma, sino que debemos ir más allá y valorar esas actividades esenciales en función de la realidad social en la que nos encontramos inmersos.

La Abogacía, como garante histórico de los derechos humanos y de la ciudadanía, especialmente del derecho de defensa, está llamada a abanderar de forma valiente y decidida los principios que inspiraron la Declaración Universal de los Derechos Humanos que siguen hoy vigentes.

Establece el artículo 24 de la Constitución Española que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

La Constitución asigna a la Abogacía el ejercicio de un derecho fundamental. Somos uno de los pilares del Estado de Derecho. La Abogacía lleva a cabo una actividad preventiva del conflicto, garantiza los derechos de la ciudadanía y vela para que esos derechos fundamentales que reconoce a todas las personas la Constitución sean una realidad.

Desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona entendemos que el ejercicio del derecho de defensa, incluyendo en éste la prestación de todo tipo de servicios jurídicos, desde el asesoramiento que prestamos a la ciudadanía hasta la asistencia a las personas detenidas o investigadas -que además deben realizarse con las debidas garantías sanitarias y mediante videoconferencia-, no pueden cesar en el estado de alarma. Y una especial reflexión merece estos días la situación de inseguridad jurídica que se está creando en todo el ámbito laboral en el que ni empresas ni trabajadores/as saben cómo deben gestionarse sus derechos y obligaciones, que se modifican día a día en una vorágine legislativa sin precedentes.

El ejercicio de parte de los servicios jurídicos puede realizarse teletrabajando, pero ello no impide ni evita que sean necesarios los desplazamientos al despacho profesional o a los órganos judiciales. No debe prohibirse, sino permitirse, el desplazamiento de los profesionales de la abogacía y entender los servicios que se prestan como servicios esenciales.

No contemplar el ejercicio de la abogacía en todas sus formas como un servicio esencial supondría tanto como privar a la ciudadanía de un derecho inalienable en democracia, el derecho de defensa.