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Comunicado del ICAB sobre la aprobación del Real decreto ley 16/2020

01/05/2020
Desde el respeto y la lealtad institucional, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) lamenta algunas de las decisiones definitivas plasmadas en el Real decreto ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, que entró en vigor el día 30 de abril.
Comunicado del ICAB sobre la aprobación del Real decreto ley 16/2020

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Hay que recordar que sin el ejercicio efectivo del derecho de defensa, que los abogados y abogadas llevamos a cabo diariamente ante los tribunales, la Administración de Justicia no puede desarrollar su servicio público ni se puede garantizar la tutela judicial efectiva de los ciudadanos y ciudadanas.
 
Por eso, las medidas que plantea el Real decreto ley son insuficientes y, algunas ya se prevén ineficaces.
 
Es importante definir y determinar cómo se saldrá del estado de alarma, por eso desde el ICAB tenemos que reivindicar la necesidad de un Plan de desescalada a nivel judicial, una regulación del retorno a la actividad judicial que recoja un escenario de fases para toda aquella actividad que se tiene que desarrollar necesariamente de forma presencial, y que fije un periodo de carencia en los señalamientos y las vistas, para que se puedan preparar con las debidas garantías jurídicas y sanitarias para todos los intervinientes.
 
En una situación de restricción de movilidad y de limitación del transporte y el alojamiento de las personas en todo el territorio nacional se impide el ejercicio efectivo del derecho de defensa por parte de los abogados y abogadas en diferentes demarcaciones territoriales en todo el estado español en las condiciones que tiene que ofrecer un estado de derecho social y democrático.
 
Además, ante unas oficinas judiciales que -en muchos casos- siguen sin disponer de medios técnicos adecuados y suficientes para la comunicación y la grabación de imagen y sonido, así como para poder llevar a cabo las actuaciones judiciales que pretende este Real decreto ley, resulta ilusorio su cumplimiento. Sin ir más lejos, hay que recordar que sigue sin cumplirse la previsión establecida en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia desde que entró en vigor el 7 de julio de 2011. Esta Ley establecía en la disposición final 3.ª que el Gobierno presentaría un proyecto de ley para se regulara de manera integral el uso de los sistemas de videoconferencia en la Administración de Justicia y tal proyecto no existe, ni mucho menos ha llegado a ser ley.
 
Ante todas estas carencias, habilitar los días 11 a 31 de agosto de 2020 para la realización de todo tipo de actuaciones judiciales, con la única excepción de los sábados, domingos y festivos comprendidos en este periodo de tiempo, el ICAB quiere advertir que en algunas jurisdicciones será una medida que ya se prevé ineficaz dad,o que no garantiza que se puedan realizar actividades procesales como pueden ser las vistas y declaraciones, y no contribuirá especialmente a resolver los problemas graves que se arrastran desde antes de la situación de crisis sanitaria; al margen que también supone una imposición que puede limitar el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar y el derecho de desconexión de los abogados y abogadas a los que se los discrimina al considerarlos de peor condición que los miembros de la judicatura, fiscalía, letrados de la administración de justicia y otros funcionarios al servicio de la administración de justicia, a los cuales se prevé expresamente el respeto a su derecho a las vacaciones.
 
Reivindicamos el derecho a la tutela judicial efectiva, la igualdad de condiciones para todos los operadores jurídicos y el establecimiento de un proceso de retorno a la actividad judicial con garantías jurídicas y sanitarias.


Barcelona, 1 de mayo de 2020.