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Decreto Ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes complementarias en materia de transparencia, ayudas de carácter social, contratación y movilidad para hacer frente al COVID-19 (DOGC de 7 de mayo de 2020)

08/06/2020
Entrada en vigor: 07/05/2020

En el capítulo I, referido a medidas complementarias de transparencia del pago de suministros y otros para hacer frente al contexto generado por el COVID-19, parte de la situación originada por el estado de alarma, así como de la necesidad de hacer frente con extrema urgencia a la compra de los suministros, fundamentalmente de carácter sanitario y ahora considera necesario arbitrar los mecanismos de control que debe llevar a cabo la Intervención General de la Generalitat de Cataluña.

En el Capítulo II, como consecuencia del contexto actual de inestabilidad generado por la crisis del COVID-19, se considera prioritario establecer medidas dirigidas a apoyar el tejido productivo, especialmente a las pequeñas y medianas empresas y los/las autónomos/as y a las empresas cooperativas y de la economía social, y minimizar el impacto social para que, una vez superada la crisis sanitaria, se produzca lo antes posible el relanzamiento económico, garantizando la estabilidad en el empleo. Para ello prevé unas ayudas destinadas a la financiación para la elaboración y ejecución de los planes de reactivación socioeconómica COVID-19 de las entidades locales. Y, por otra parte, también se prevén ayudas destinadas a la contratación de un servicio de consultoría y asistencia técnica para la elaboración de estos planes de reactivación socioeconómica COVID-19.

El capítulo III aprueba una línea extraordinaria y urgente del Programa de trabajo y formación para paliar situaciones derivadas del COVID-19, consistente en proyectos de mejora de la empleabilidad de los/as trabajadores/as, especialmente aquellos/as que se han quedado sin trabajo debido a la crisis del COVID-19 y los que tienen más dificultades de acceso al mercado laboral, mediante acciones de experiencia laboral y acciones de formación y, en su caso, acciones de formación transversal. En concreto, la medida de trabajo y formación línea COVID-19 irá dirigida a las personas que han perdido su empleo a partir del 14 de marzo de 2020 y a personas en riesgo de caer en situación de paro de larga duración, no perceptoras de prestación por desempleo o subsidio ni ayudas, preferentemente mayores de 45 años. Estos dos colectivos han sido los más afectados por el estado de alarma y la crisis generada por éste.

El capítulo IV prevé una medida de ayudas para el mantenimiento del empleo en microempresas y por parte de autónomos/as con personas a su cargo, que se han visto afectadas por la crisis del COVID-19, y con el objeto de evitar el desempleo de las personas que tienen contratadas. Se trata de unas ayudas económicas que tienen por objeto volver a la actividad a personas, familias y empresas afectadas. Los beneficiarios son microempresas o autónomos/as que tengan contratadas hasta diez trabajadores/as, y que hayan mantenido la plantilla, ya sea porque hayan efectuado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) o hayan reducido la jornada laboral de los contratos de trabajo. La medida consiste en una ayuda del 50% del salario mínimo interprofesional para un máximo de tres trabajadores/as y durante seis meses, o la parte proporcional equivalente en el caso de contratos a jornada parcial, siempre que estas microempresas y autónomos/as mantengan el 100% de la plantilla que tenían en el momento anterior al estado de alarma y, como mínimo, durante los 12 meses siguientes al reinicio de la actividad.

El capítulo V prevé medidas de apoyo a las microempresas, autónomos, las empresas cooperativas y de la economía social. Estas medidas tienen por objeto el impulso de proyectos de transformación digital y de nuevos modelos de negocio y actividad económica con el objetivo de mantener el empleo y la mejora de la empleabilidad, afrontar mejor los retos surgidos de la nueva realidad socioeconómica, de manera que se refuerce la viabilidad de las microempresas, los/las autónomos/as y las empresas cooperativas y de la economía social. A estos efectos, se prevén dos líneas de subvenciones diferenciadas. Una primera línea de medidas va destinada al apoyo a los trabajadores de microempresas y autónomos/as, que ocupen hasta 10 trabajadores/as, y que se han visto agravadas por los efectos de las medidas preventivas y de contención derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19. Una segunda línea de medidas de apoyo a proyectos singulares para la reactivación socioeconómica COVID-19 para empresas cooperativas y de la economía social, que va totalmente alineada con la primera propuesta de la Asociación Economía Social de Cataluña (AESC).

El capítulo VI prevé medidas en los programas en materia de trabajo autónomo, con una previsión de flexibilización en la convocatoria de apoyo a la consolidación, fortalecimiento y reinvención del trabajo autónomo en Cataluña, previendo medidas como el aumento de las sesiones de asesoramiento, o la adaptación de las sesiones de información a las nuevas necesidades derivadas de la crisis del COVID-19. Asimismo, se anuncia una ampliación del presupuesto destinado a la convocatoria anual de los programas de ayudas a la creación del trabajo autónomo de los/las jóvenes entre 18 y 29 años, para poder disponer de una renta de subsistencia durante la primera fase de la puesta en marcha de la actividad.

En relación con el capítulo VII, el Decreto ley 7/2020, modificado parcialmente por el Decreto ley 8/2020, de 24 de marzo, establece diversas medidas relacionadas con la suspensión de los contratos administrativos afectados por la situación del estado de alarma declarada por Real decreto 463/2020, de 14 de marzo. La regulación se refiere únicamente a la gestión indirecta contractual de los servicios de comedor y no incluye, por tanto, la gestión indirecta no contractual a través de las asociaciones de padres y madres de alumnos, y otras entidades, que es característica de nuestro sistema de gestión de estos servicios. Dada, pues, la realidad del sistema de gestión de los comedores escolares de titularidad del Departamento de Educación, hay que prever el régimen de indemnización en el caso de la gestión bajo fórmulas no contractuales. Con este fin, se modifica parcialmente el Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, con el añadido de una nueva disposición adicional por la que se regula el procedimiento para el reequilibrio económico en relación con los instrumentos no contractuales de gestión de los servicios de comedores escolares, a los que habrá que aplicar los mismos criterios de determinación del equilibrio económico que se fijen en relación con los instrumentos contractuales. Por todo ello, se propone añadir al Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo una disposición adicional cuarta que da respuesta a la situación planteada.

Respecto del capítulo VII, referido a medidas en materia de movilidad y en cuanto al ámbito específico de los trabajadores del sector agrario, adopta medidas que coadyuven al impulso de la reactivación económica en los sectores de proximidad y al reequilibrio territorial. En concreto, se trata de facilitar sus desplazamientos motivados por las campañas agrarias, el marco fijado por el Acuerdo del Gobierno 28 de abril de 2020, por el que se impulsa la coordinación y el seguimiento de la campaña agraria en el contexto de la pandemia generada por el COVID-19.
 

[LEYES APROBADAS PARLAMENTO DE CATALUÑA]

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872893&language=ca_ES

 

 

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