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Decreto Ley 26/2020, de 23 de junio, de medidas extraordinarias en materia sanitaria y administrativa

07/09/2020
DOGC de 24 de junio de 2020. Entrada en vigor: 24/06/2020, excepto el capítulo 1 y la disposición adicional primera, que entrarán en vigor con efectos desde el día 20 de junio de 2020.

En el capítulo 1, referido a las medidas de carácter sanitario, se contienen una serie de medidas para mantener el control de los mecanismos de respuesta a la situación sanitaria.

Así, respecto a la gestión del período transitorio de recuperación de la normalidad en el ámbito de la atención sanitaria, respecto a los posibles aumentos de demanda asistencial fruto de la incidencia directa del COVID-19, que pueden manifestarse con un alto grado de variabilidad en función de cada territorio, y bajo la perspectiva de abordar planes de contingencia en aquellos ámbitos donde sea necesario y con la intensidad que la realidad de cada supuesto exija.

Se da una nueva redacción al artículo 11 del Decreto ley 7/2020, el cual, con esta redacción adaptada, se mantiene vigente en los términos de la disposición adicional primera.

Se modifica el Decreto 159/2007, de 24 de julio, por el que se regula la receta electrónica y la tramitación telemática de la prestación farmacéutica a cargo del Servei Català de la Salut, medida que enlaza con la implantación efectiva de la administración electrónica.

Se modifica el Decreto 27/1999, de 9 de febrero, de la gestión de residuos sanitarios, porque los residuos Biosanitarios del grupo 3, son residuos de riesgo que requieren la adopción de medidas de prevención tanto dentro como fuera del centro sanitario generador , dado que pueden representar un riesgo para la salud laboral y pública.

Se regula el régimen de información por parte de las empresas de servicios funerarios

Se establece la regulación del ámbito de la intervención del Departamento de Salud en las residencias.

El capítulo 2 introduce dos medidas administrativas: una medida preventiva en relación con las cooperativas catalanas, y la modificación del artículo único del Decreto ley 22/2020, de 2 de junio, por el que se determinan los órganos competentes para tramitar las sanciones para incumplimientos de la normativa reguladora del estado de alarma denunciados por los diferentes cuerpos policiales. Este Decreto ley se tramitó para que el consejero competente en materia de Interior pudiera delegar la competencia sancionadora en materia de protección civil y con la nueva redacción esta delegación se entiende sin perjuicio de las competencias que la normativa vigente atribuya a las administraciones locales y se deja constancia del régimen especial del municipio de Barcelona.

El capítulo 3 se refiere a las medidas en el ámbito de las personas jurídicas de derecho privado y juntas de propietarios en régimen de propiedad horizontal. Se extienden de forma temporal y extraordinaria algunas de las medidas adoptadas bajo la vigencia del estado de alarma para facilitar el funcionamiento de las asociaciones, las fundaciones y las comunidades de propietarios.

Por otra parte, la disposición adicional primera, el apartado 1 mantiene vigentes determinados preceptos de anteriores decretos leyes dictados durante el estado de alarma. El apartado 2 mantiene vigente la simplificación regulada por los órganos correspondientes de los trámites procedimentales de carácter económico con relación a las actuaciones derivadas de procedimientos administrativos susceptibles de producir obligaciones de naturaleza económica o financiera que se tengan que llevar a cabo de forma presencial y / o con documentación original, por los que no se haga uso de medios electrónicos o telemáticos, de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria séptima del Decreto ley 10/2020. El apartado 3 de la disposición adicional primera, establece un mecanismo para asegurar que respecto de las disposiciones prorrogadas en su vigencia, ésta se mantiene igualmente en relación con las disposiciones de rango inferior, acuerdos del Gobierno, instrucciones o resoluciones las desarrollan, sin perjuicio de la potestad en orden a su modificación o derogación.

 [LEYES APROBADAS PARLAMENT DE CATALUNYA]

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