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Real Decreto Ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de Comunidades Autónomas y de las entidades locales para inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas en relación con las funciones del personal de las entidades locales con habilitación de carácter nacional (BOE del 03/30/2019)

23/04/2019
Entrada en vigor: 31/03/2019

Se prorroga para 2019 la posibilidad de que el superávit de CC.AA. y de las entidades locales se destine a inversiones financieramente sostenibles (IFS), y adopta otras medidas en relación con las funciones del personal de las entidades locales con habilitación de carácter nacional.

Esas medidas de flexibilidad en el destino del superávit se aplicaron a las CC.AA mediante la aprobación de la D. Adicional 116 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, previendo la posibilidad de destinar el superávit presupuestario de las CC.AA. y ciudades con Estatuto de Autonomía a IFS siempre que cumplan determinados requisitos y reglas fiscales que garanticen la estabilidad presupuestaria y su sostenibilidad financiera.

Se considera que se dan las circunstancias que aconsejan la aprobación de la prórroga de las normas indicada, al objeto de que las entidades territoriales que cumplan los requisitos establecidos puedan destinar su superávit a realizar IFS Entre esas inversiones se incluyen las que corresponden a grupos de programas de asistencia social primaria de las corporaciones locales.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el saldo positivo que consiguen las administraciones públicas a final de año tiene que ser utilizado para amortizar deuda. Pero, esa ley permite -como excepción- las IFS. Así, las entidades locales y CC.AA que hayan obtenido superávit en 2018 podrán destinar dicho excedente a la prestación de servicios esenciales (alcantarillado, recogida de residuos, alumbrado público, abastecimiento de agua, mejora de infraestructuras de transporte, centros docentes o asistencia social primaria).

Las IFS deben tener una vida útil igual o superior a 5 años, tiempo durante el cual deben ser económicamente sostenibles, y no computan el gasto a la hora de aplicar la regla de gasto, aunque sí a efectos de cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria.

También se amplía el tiempo para desarrollar dichas inversiones sostenibles, por lo que las aprobadas en 2019 pueden terminar de ejecutarse en 2020.

Además, se establece el régimen por el que se regula el ejercicio de las funciones reservadas de fe pública, asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria y contabilidad, tesorería y recaudación, en aquellas entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio, que continúan manteniendo su condición de entidades locales tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2012.

[NORMATIVA APROBADA. CORTES GENERALES]

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