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Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE 02/10/2015)

26/10/2015
Entrada en vigor: 02/10/2016. Alguna modificación de la Ley Concursal (la del art. 90.1 6º), así como del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (arts. 60, 61, 61 bis, 150.2, 254, 256, 261, 271.1 y 3 y 271 bis) y la disposición sobre restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-39, entrarán en vigor el 22/10/2015.

Entra en vigor el 02/04/2016 la regulación de la nueva Oficina Nacional de Evaluación de los contratos de concesiones de obras y de concesión de servicios públicos.

Otras disposiciones de modificación, como las que afectan a la Ley del Patrimonio Nacional, las que modifican los artículos 3.1, 34 ter, 34 quáter 2, de la Ley Concursal, la que modifica la Ley de subvenciones y la que modifica aspectos de la Ley 20/2015, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (relativas a aspectos sobre su entrada en vigor) entrarán en vigor el 03/10/2015.

Deroga, entre otras, diversas disposiciones de la Ley de fundaciones (50/2002), de la de racionalización del Sector Público. Modifica, además de otras leyes, la del Gobierno (50/1997), la General Presupuestaria (47/2003) y el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

La ley responde a las recomendaciones del Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) y ordena y determina la legislación básica sobre régimen jurídico administrativo aplicable a todas las Administraciones Públicas: disposiciones generales, órganos de las administraciones públicas, principios de actuación -como los de la potestad sancionadora-, responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, funcionamiento electrónico del sector público, así como el régimen jurídico específico de la Administración General del Estado (organización administrativa, Ministerios y su estructura interna, órganos territoriales), la Administración institucional (organización y funcionamiento, organismos públicos, autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones del sector público estatal, etc.) y las relaciones interadministrativas.

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