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Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del 22 de septiembre de 2015)

21/12/2015
Entrada en vigor: 12/10/2015. Las infracciones administrativas de contrabando y la regulación de las sanciones correspondientes (que se modifican en los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando) entrarán en vigor el 22/12/2015. Las modificaciones del art.29 (desarrollo reglamentario de obligaciones tributarias formales que deban realizarse por medios telemáticos) y el art. 200 de la Ley General Tributaria (regulación de la infracción tributaria por incumplir obligaciones contables y registrales) entran en vigor el día 01/01/2017.

Prevé diversas normas transitorias de interés en las inspecciones, comprobaciones y otras actuaciones de la Administración Tributaria emprendidas con anterioridad a su entrada en vigor.

Modifica la LECrim, estableciendo especialidades en la tramitación de procedimientos penales por delitos contra la Hacienda Pública. Modifica la Ley de represión del Contrabando y también la LJCA (respecto al ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa en el caso de delitos contra la Hacienda Pública y cuando el recurso contencioso-administrativo tenga por objeto un acto administrativo que, respecto una deuda aduanera, esté vinculado a una decisión adoptada por las instituciones de la Unión Europea). También modifica la Ley del impuesto de sociedades.

Hay que remarcar algunas reformas importantes que se introducen en la Ley, como la facultad de la DG de Tributos para dictar disposiciones interpretativas, la modificación del régimen denominado como "conflicto en la aplicación de la norma"; la distinción en materia de plazos de prescripción, entre el llamado "derecho a comprobar" y el "derecho a liquidar" de la Administración tributaria. También se prevé la publicación periódica de listados de deudores tributarios.

Por otra parte, se modifican los plazos del procedimiento inspector, ampliando los plazos máximos (de los 18 meses con carácter general, hasta los 27 meses, en casos especiales). También se modifica el régimen jurídico de las reclamaciones económico-administrativas, su tramitación y recursos.

Además, se modifica el derecho sancionador tributario, incrementando el número de infracciones y ampliando también el agravamiento de las sanciones y se incorpora un título específico, regulador de las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en casos de delito contra la Hacienda Pública.

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