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Ley 9/2020, de 31 de julio, de modificación del libro segundo del Código civil de Catalunya, relativo a la persona y la familia, y de la Ley 15/2009, de mediación en el ámbito del derecho privado

14/09/2020
DOGC de 4 de agosto de 2020. Entrada en vigor: 04/11/2020

Modifica el Código civil de Catalunya; en concreto, los arts. 222-10, 233-2, 233-6, 236-13 y modifica la Ley 15/2009; en concreto, los arts. 6, 11, 20 y 22, y adiciona una nueva D. Adicional cuarta.

La norma establece modificaciones en el libro segundo del Código civil de Cataluya, relativo a la persona y la familia. Con relación a las disposiciones generales, ahora se hace explícito que la mediación es obligatoria cuando se haya pactado expresamente antes del ejercicio de acciones judiciales. También se establece que la asistencia a la sesión previa tiene carácter obligatorio y que la falta de asistencia no justificada no está sometida a confidencialidad y debe ser comunicada a la autoridad judicial. En la institución de la tutela, en cuanto al orden de la delación, en la que ya estaba prevista la sesión informativa sobre mediación, se introduce el carácter obligatorio de esta sesión previa y se determina su objeto, consistente a conocer el valor, las ventajas, los principios y las características de la mediación. La modificación de este precepto relativo a la tutela se aprovecha para sustituir la expresión «incapacitada» por la expresión «con la capacidad modificada judicialmente», de conformidad con las líneas que establece la Convención de Nueva York, del 13 de diciembre de 2006, sobre los derechos de las personas con discapacidad. Respecto a la sesión obligatoria, se establecen cambios en la potestad parental, en cuanto a los desacuerdos. En último lugar, con relación a los efectos de la nulidad del matrimonio, del divorcio y de la separación legal, se incorpora expresamente la posibilidad de que el convenio regulador incluya pactos de sometimiento a mediación y otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

En cuanto a las modificaciones en la Ley 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el ámbito del derecho privado, se establece que la sesión previa sobre mediación tiene carácter obligatorio en los supuestos legalmente fijados y que la falta de asistencia no justificada no está sometida a confidencialidad y debe ser comunicada a la autoridad judicial. Se prevé específicamente que las partes pueden participar en la sesión previa y en la de mediación asistidas por sus abogados. Esta asistencia es necesaria si lo requieren las partes o si así lo dispone la autoridad judicial y debe desarrollarse siempre con pleno respeto por los principios de la mediación y por la igualdad entre las partes. En cuanto a las funciones de los colegios profesionales, refuerza el cumplimiento de la función deontológica y disciplinaria respecto a los colegiados que ejercen la mediación, añadiendo la función de velar por que el conjunto de colegiados cumpla las obligaciones de información los clientes y de fomento y sujeción a la mediación que le imponen las leyes o los códigos deontológicos respectivos. En los mismos términos, se remarca la obligación de los profesionales colegiados de informar a los clientes sobre la mediación y otras fórmulas de resolución de conflictos y procurar resolver los conflictos que puedan tener en el ejercicio de la profesión con sus clientes o compañeros o con otras personas a través de la mediación u otras formas extrajudiciales de resolución de conflictos.

Se cambia la denominación del Centro de Mediación de Derecho Privado de Cataluña por la de Centro de Mediación de Cataluña. El Centro, en su actividad ordinaria, también puede utilizar la denominación Centro ADR Justicia o de otros que hagan referencia inequívocamente a la gestión de la resolución extrajudicial de conflictos.

Se prevé que, en el plazo de nueve meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno debe elaborar y presentar al Parlamento un plan sobre la adopción de una política pública de carácter general para la prevención, gestión y resolución extrajudicial de conflicto; también, que, en el plazo de un año a contar de la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno debe elaborar y presentar al Parlamento un proyecto de ley de prevención, gestión y resolución de conflictos.

[LEYES APROBADAS PARLAMENTO DE CATALUÑA]

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