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Comunicado del ICAB

22/10/2018
La CRAJ, la Comisión de Normativa y la Sección de Derecho Fiscal organizarán una conferencia el próximo 29 de noviembre de 2018.
Comunicado del ICAB

Como consecuencia de la reciente sentencia de 16 de octubre de 2018, dictada por la Sección 2ª de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que anula el número 2 del artículo 68 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo) y que ha provocado un radical cambio de criterio respecto del sujeto pasivo obligado al pago del impuesto sobre actos jurídicos documentos, cuando el documento sujeto es una escritura pública de préstamo con garantía hipotecaria, pasando a ser el acreedor hipotecario según este nuevo criterio jurisprudencial y no el prestatario, la CRAJ y la Comisión de Normativa del ICAB el mismo día de publicación de la sentencia organizó una conferencia para el 15 de noviembre de 2018, a fin de analizar la sentencia y los efectos jurídicos derivados de la misma, esencialmente los efectos retroactivos derivados de un cambio de criterio jurisprudencial y las distintas acciones que pueden ejercitarse por el prestatario que ha pagado el impuesto con anterioridad a la sentencia.

No obstante, como consecuencia de la nota de prensa que el presidente de la Sala 3ª del Supremo publicó el pasado viernes 19 de octubre en la web del CGPJ, comunicando que se convocaba al Pleno de la Sala el conocimiento de alguno de los recursos pendientes sobre similar objeto, a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe o no ser confirmado, desde el ICAB se estimó oportuno suspender la conferencia prevista, a la espera de conocer la futura sentencia que dicte el Pleno de la Sala 3ª del TS.

No obstante, la CRAJ y la Comisión de Normativa, junto con la Sección de Fiscal, sí han creído oportuno organizar una conferencia para el próximo 29 de noviembre de 2018, a fin de analizar los efectos retroactivos derivados de la anulación de una norma tributaria cuando se produce un cambio de criterio jurisprudencial, en la que intervendrán expertos, tanto jueces, del orden contencioso y civil, como abogados/as especialistas en derecho fiscal, que nos podrán ilustrar sobre la materia.

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