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Convocada la segunda prueba de acceso a la profesión de abogado para el año 2016

28/07/2016
El examen de evaluación para la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión se podrá hacer en catalán, como había venido reivindicando el ICAB.
Convocada la segunda prueba de acceso a la profesión de abogado para el año 2016

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado con fecha 22 de julio la Orden PRE/1235/2016 por la que se convoca la segunda convocatoria de la prueba de evaluación para la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado para el año 2016.

Esta prueba de acceso a la abogacía pretende evaluar "la formación suficiente para el ejercicio de la profesión, el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales y en particular la adquisición de las competencias previstas en los cursos de formación impartidos por universidades o escuelas de práctica jurídica debidamente acreditadas".

El requisito general para poder concurrir a la prueba es estar en posesión del título de Licenciado o Graduado en Derecho o certificación equivalente.

La prueba se celebrará el próximo 29 de octubre.

La solicitud se puede presentar de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es), utilizando como sistema de autenticación el sistema Cl@ve (DNI electrónico o certificado electrónico reconocido).

El plazo de presentación de solicitudes de participación en la evaluación será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

La prueba de aptitud se realizará en castellano. Pero como novedad, en el caso de Cataluña, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, en función del número de alumnos y de las disponibilidades técnicas, podrá poner a disposición de los aspirantes la realización de la prueba, también, en la lengua cooficial, es decir, en catalán.

En este sentido, el Colegio de la Abogacía de Barcelona celebra que la prueba esté disponible en las lenguas cooficiales de cada Comunidad Autónoma, como se había venido reivindicando desde la Abogacía Catalana. Sin embargo, mantiene la lucha para que la prueba evalúe también a los alumnos en relación a las competencias prácticas para ejercer la profesión y que tenga en cuenta el Derecho propio de cada zona.

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