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Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española (BOE de 31 de marzo de 2015)

03/06/2016
Entrada en vigor: 31/03/2015. Deroga expresamente los arts. 90, 91 y 92 del T.R. de la Ley de Contratos del Sector Público y el art.77 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Sin embargo, mantiene la vigencia para los contratos de concesión suscritos con anterioridad a la entrada en vigor del R. Decreto a que hace referencia el artículo 4 de esta Ley y exclusivamente durante el plazo de vigencia actualmente establecido en los contratos, excluyendo prórrogas. La D. Adicional 88ª. de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2014 quedará derogada en el momento de entrada en vigor del Real Decreto a que se refieren los arts. 4 y 5 de esta Ley.

Modifica el art. 18.1 y la D.Adicional primera 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos; el artículo 13.2 de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos rústicos, los artículos 47.5, 89, 131.1 d), 133.1 y 255.3 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; y el artículo 25 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La ley establece la desindexación: un régimen por el que los valores monetarios no serán modificados en virtud de índices de precios o fórmulas que lo contengan.

Determina el ámbito de su aplicación, tanto en el sector público, como en el privado, y excluye de su ámbito de aplicación la negociación salarial colectiva, las revisiones, revalorizaciones o actualizaciones previstas en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en el texto refundido de la Ley de clases pasivas del Estado, así como las revisiones del resto de las pensiones abonadas con cargo a los créditos de la sección 07 del presupuesto de gastos del Estado; y las operaciones financieras y de tesorería, que se recogen en el título IV de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en la que intervenga el sector público estatal, autonómico o local.

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