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Cerca de 24.000 ciudadanos de la demarcación ICAB se benefician del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita en los siete primeros meses de 2017

09/08/2017
Supone un incremento de más de 2.300 expedientes con respecto al mismo periodo de 2016. En España, más de 408.600 ciudadanos se han beneficiado del expediente electrónico de Justicia en los primeros 7 meses de este año, de los cuales casi 56.000 corresponden a expedientes tramitados en Cataluña.
Cerca de 24.000 ciudadanos de la demarcación ICAB se benefician del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita en los siete primeros meses de 2017

La utilización del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita sigue incrementándose durante 2017. En los 7 primeros meses del año se han tramitado  23.989 expedientes electrónicos de justicia gratuita en la demarcación territorial del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Barcelona y las delegaciones situadas en Arenys de Mar, Badalona, Berga, Hospitalet de Llobregat, Gavà, Igualada, Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca de Penedès, Vilanova i la Geltrú). Este dato indica que ha habido más de 2.300 expedientes más que en el mismo período del 2016, ya que el total de expedientes en dicho año ascendió a 21.654. 

Hay que tener en cuenta que Cataluña es una de las comunidades autónomas donde  ha habido un mayor incremento del expedientes electrónico de justicia gratuita, pues a nivel estatal del total de 408.668 solicitudes de ciudadanos que utilizaron hasta el 31 de julio esta herramienta -desarrollada por la Abogacía Española, que agiliza de forma segura el acceso a un derecho fundamental como es la Justicia Gratuita- casi 56.000 corresponden a esta comunidad, lo que supone un incremento del 10,30% respecto al mismo período del 2016.  

A nivel estatal se ha registrado un incremento del 5% de usuarios que utilizaron el sistema desarrollado por la Infraestructura Tecnológica de la Abogacía Española, RedAbogacía, en los siete primeros meses del año pasado (389.289 expedientes). Todo apunta a que se generarán más de 640.000 Expedientes Electrónicos de Justicia Gratuita en 2017 con el consiguiente ahorro de tiempo y costes económicos.

El sistema desarrollado por la Infraestructura Tecnológica de la Abogacía Española, RedAbogacía, ya conecta a 80 Colegios de Abogados de forma telemática y sencilla con instituciones como la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y su Tesorería General, la Dirección General del Catastro o el Instituto Nacional de Empleo, también con organismos de comunidades autónomas con competencias en Justicia. Con este servicio, la Abogacía refuerza aún más su papel en la ‘Administración Electrónica’, centrándose en su compromiso con el servicio de la Justicia Gratuita al ciudadano que prestan más de 45.300 abogados a través del Turno de Oficio 365 días al año, 24 horas al día. 

VENTAJAS DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE JUSTICIA GRATUITA

El Expediente Electrónico de justicia gratuita ofrece numerosas ventajas para el ciudadano, el abogado, el  Colegio de la Abogacía y las Administraciones Públicas. 

En primer lugar, el ciudadano ve facilitado el acceso a la Justicia Gratuita al simplificar los trámites y acortar los plazos en la obtención de la documentación, ya que evitará los desplazamientos y las esperas en las ventanillas de cada una de las Administraciones competentes. 
 
La digitalización del proceso permite al abogado atender y dar curso a un mayor número de casos con más agilidad. 
Por su parte, el Colegio de la Abogacía asegura el contenido de las comunicaciones gracias a la firma electrónica, mejorando sus gestiones al reducir los plazos de obtención de la información y aumentando la calidad en el servicio prestado al ciudadano al unificar la información del solicitante en un único expediente de forma estandarizada y común a todos los Colegios de Abogados. 

Por último, las Administraciones Públicas optimizan y aceleran el servicio que ofrecen al ciudadano, consiguen la trazabilidad completa del proceso para su posible auditoría y además reducen los posibles fraudes ante la Administración optimizando el gasto público y aportando la máxima transparencia en la gestión de este servicio a los ciudadanos.

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