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Proposición de ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones y servicios de los beneficiarios

04/11/2019
Esta iniciativa es una iniciativa legislativa popular que se tramitará por las Cortes Generales cuando se constituya la nueva legislatura.

Modifica los artículos 14,7 y 33 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

Uno de los aspectos que sin duda más rechazo han suscitado en estos años de desarrollo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) por parte de las potenciales beneficiarios de la Ley, generando más cotas de frustración, ha sido el de la regulación de todo lo relativo a la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones, conocido popularmente como «copago», que ha sido percibida como una reglamentación sin de equidad y justicia material, cercana a confiscatoria, que más que invitar a ejercer el derecho subjetivo, expulsaba a la gente mayor y con discapacidad destinatarias naturales del sistema, por el oneroso de sus exacerbados requerimientos en materia de aportación económica. Esta desacertada regulación de los aspectos económicos de participación en el coste de las prestaciones, que conlleva un riesgo cierto de vaciar el derecho creado por la Ley, debe ser corregida y así lo avala no sólo la opinión mayoritaria de los movimientos sociales de personas mayores y personas con discapacidad y sus familias, sino también el criterio de los profesionales de los servicios sociales y de los expertos y analistas que ha fijado su posición en una multiplicidad de estudios e informes sobre la Ley 39/2006.

Así, con la reforma del artículo 14 de la vigente Ley, se precisa que será también objeto de normativa reglamentaria estatal la regulación de la participación en el coste de las prestaciones, tal como ocurre ahora con la capacidad económica. También se amplían los factores que se tienen presentes a la hora de determinar tanto la renta como el patrimonio, añadiendo a la edad el momento vital de aparición de la situación de dependencia y su mayor o menor prolongación a lo largo de la vida de la persona beneficiaria. Por otra parte, la modificación del artículo 33 incorpora varias garantías para las personas beneficiarias que modulan su esfuerzo de participación en el coste de las prestaciones que reciben, como la exención de aportación por debajo de un determinado umbral de capacidad económica (2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples -IPREM-); la limitación máxima en la participación, que queda fijada en el 60 por ciento del precio de referencia del coste del servicio; o, en fin, la seguridad de un mínimo para gastos personales, que no podrá ser inferior al 30 por ciento de la capacidad económica
 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS CORTES GENERALES

http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-5-1.PDF

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