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DECRETO LEY 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda

07/01/2020
Entrada en vigor: 31/12/2019

Modifica la Ley 18/2007; el Decreto Ley 1/2015; la Ley 3/2012; la Ley 24/2015; la Ley 4/2016; la Ley 13/1996; y la Ley 12/2017.

Determina la desocupación permanente de viviendas como constitutiva de un incumplimiento de la función social de la propiedad de la vivienda. Modifica la definición de vivienda vacía y los incumplimientos referidos a la desocupación y a la carencia de destino de las viviendas a residencia habitual y permanente de las personas usuarias, que se consideran, a la vez, un incumplimiento del deber de propiedad de las edificaciones de dedicarlas a usos compatibles con la ordenación territorial y urbanística a efectos de aplicar, si procede, los medios de ejecución forzosa regulados en la legislación en materia de suelo. Esta situación de incumplimiento no resulta alterada aunque las viviendas se transmitan de una propiedad a otra o hayan sido ocupados eventualmente por personas sin título habilitante. Se hace una regulación exprés de la posibilidad de imponer multas coercitivas ante la situación de desocupación permanente de los parques inmobiliarios de las personas jurídicas privadas.

Define el alojamiento dotacional en sustitución de las viviendas dotacionales públicas y amplía los supuestos en que las viviendas tienen que ser inscritos al Registro de viviendas vacías y de viviendas ocupadas sin título habilitante, para incluir también viviendas desocupadas permanentemente no procedentes de ejecuciones hipotecarias o de dación en pago propiedad de personas jurídicas privadas, hecho que compuerta que se puedan expropiar estas viviendas de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 4/2016.

Amplía la facultad de expropiar al dominio de las viviendas inscritas o susceptibles de ser y reduce el contenido del derecho de propiedad ante el incumplimiento de la obligación de ocupar legalmente y efectivamente la vivienda en un 50% de su valor.

También establece que las personas jurídicas pasan a ser consideradas grandes tenedores de vivienda cuando tengan más de 15 de viviendas (en ninguna parte de disponer de más de 1.250 m2 de superficie habitable).

Regula la renovación obligatoria de los contratos de alquiler social cuando, finalizada su duración máxima, los ocupantes se encuentren todavía dentro de los parámetros legales de exclusión residencial, que será de aplicación en los procedimientos judiciales iniciados antes de la entrada en vigor de este Decreto Ley y estén todavía en tramitación. Se hace extensiva la obligación de hacer una propuesta de alquiler social antes de interponer una demanda judicial con relación a cualquier acción ejecutiva derivada de la reclamación de una deuda hipotecaria y otras demandas de desahucio por vencimiento de la duración máxima del título que legitima la ocupación o por la carencia de este título en circunstancias determinadas. Se amplía la duración mínima de los contratos de alquiler social y se hace extensiva la definición de gran tenedor al fondo de capital riesgo y de titulización de activos y a las personas físicas que dispongan de más de 15 viviendas. También se regulan las condiciones económicas de la cesión obligatoria de viviendas.

[ LEYES APROBADAS. PARLAMENT DE CATALUNYA ]

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