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Proposición de Ley Orgánica por la cual se modifica el Código Penal, para reforzar el Estado de Derecho y las instituciones del Estado

30/12/2019
Esta proposición se encuentra en trámite en el Congreso de los Diputados. Todavía no ha sido tomada en consideración. Prevé su entrada en vigor el día siguiente a su publicación en el BOE.

La iniciativa pretende modificar el Código Penal. Por un lado, el artículo 506 bis, pasa a prever que la autoridad o funcionario público que, no teniendo manifiestamente competencias o atribuciones para hacerlo, convoque o autorice la convocatoria de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum en cualquier de las modalidades previstas a la Constitución, será castigado con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta.

Así mismo, la autoridad o funcionario público que, sin realizar la convocatoria o autorización indicada, facilite, promueva o asegure el proceso de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum en cualquier de las modalidades previstas en la Constitución convocadas por quien se encuentra falto manifiestamente de competencia o atribuciones para hacerlo, una vez acordada la ilegalidad del proceso será castigado con la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre uno y tres años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta.

También se modifica el artículo 521 bis del Código Penal, que pasa a prever que los que, con ocasión de un proceso de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum en cualquier de las modalidades previstas en la Constitución, convocadas por quien le falta manifiestamente  competencias o atribuciones para hacerlo, participen como interventores o faciliten, promuevan o aseguren su realización una vez acordada la ilegalidad del proceso tienen que ser castigados con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.

[INICIATIVAS LEGISLATIVAS. CORTES GENERALES]

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