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Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social

07/01/2020
Entrada en vigor: 29/12/2019

Este Real decreto ley establece medidas urgentes en materia tributaria, catastral y de Seguridad Social.

En materia tributaria, prorroga para el periodo impositivo 2020 los límites cuantitativos de facturación por módulos en el IRPF, de forma que se mantienen inalterables los límites de exclusión vigentes en la actualidad. Los trabajadores por cuenta propia no podrán tributar por el método de estimación objetiva cuando el conjunto de sus actividades supere los 250.000 € o cuando la facturación a otros empresarios o profesionales sobrepase los 125.000 €. Por otro lado, los autónomos que adquieren bienes y servicios hasta 250.000 € podrán mantenerse en el sistema de módulos. También se prorrogan para el periodo impositivo 2020 los límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, en el IVA.Además, se prorroga el Impuesto sobre el Patrimonio para el ejercicio 2020. La disposición, así mismo, a incluir la relación de actividades prioritarias de mecenazgo para el año 2020.

En materia catastral se incluye la aprobación de los coeficientes de actualización de los valores catastrales de inmuebles urbanos para 2020 en los términos del artículo 32.2 de la Ley de Catastro Inmobiliario.

En materia de Seguridad Social se suspende el artículo 58 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (*LGSS), en el cual se recoge una subida del 0,25%. Se justifica esta suspensión en la voluntad del Gobierno que tiene previsto aplicar, cuando sea posible, una revalorización de las pensiones del 0,9%, con efectos retroactivos a 1 de enero de 2020, tal como se recoge en el Plan Presupuestario por el año que viene enviado a la Comisión Europea. Se indica en la norma que, si no se suspendiera este artículo, se producirían dos revalorizaciones (del 0,25% primero y hasta el 0,9% posteriormente), el que duplicaría los aplicativos informáticos y multiplicaría por dos el coste en la comunicación a las personas beneficiarias de las pensiones.

Se garantiza durante 2020 el mantenimiento de la normativa previa a la Ley 27/2011, de 1 de agosto, para determinados colectivos que vieron extinguida su relación laboral antes de 2013. A la vista que la prórroga de esta previsión -llamada "cláusula de salvaguardia" - hasta el 31/12/2019 recogida por el RDL 28/2018 no ha estado suficiente para paliar los efectos que la nueva regulación causaría a aquellos trabajadores que salieron del mercado laboral a edad avanzada sin haber podido retomar su carrera profesional y con la consiguiente afectación directa en sus cotizaciones y prestaciones, se plantea la necesidad de su extensión hasta el final de 2020. Se prorrogan también algunas de las medidas adoptadas en el RDL 28/2018, que garantice su aplicabilidad a partir del 1 de enero de 2020, atendido el carácter temporal que tenía esta norma, circunscrita al año 2019.

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