Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Valladolid (Sala de lo Social, Sección 1ª).Sentencia núm. 1501/2010 de 22 septiembre
JUR\2010\348764
	
NULIDAD DE ACTUACIONES: desestimación: juicio: ausencia de grabación de la vista oral: acta que recoge el contenido de las pruebas: inexistencia de indefensión.
EXTINCION DEL CONTRATO POR CAUSAS OBJETIVAS: circunstancias económicas: desestimación: falta de prueba: doble contabilidad y sustitución de la trabajadora despedida por becario.

Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación núm. 1501/2010 
Ponente: Ilmo. Sr. D. josé manuel riesco iglesias

El TSJ desestima el recurso interpuesto por la empresa demandada contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de León, de fecha 02-06-2010, dictada en autos promovidos en reclamación de despido, en base a lo reseñado en la fundamentación jurídica.

T.S.J.CASTILLA-LEON SOCIAL
VALLADOLID
SENTENCIA: 01501/2010
T.S.J.CASTILLA-LEON SOCIAL
C/ANGUSTIAS S/N
Tfno: 983413204-208
Fax:983.25.42.04
NIG: 24089 44 4 2010 0001146
402250 J.M.
TIPO Y Nº DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0001501 /2010
JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEM: 0000381 /2010 del JDO. DE LO SOCIAL nº: 001 DE LEON
Recurrente/s: OSO LOBO S.A.
Abogado/a: JULIAN SANTOS SERRANO
Procurador: MARIA CONCEPCION DEL MAR CANO HERRERA
Graduado Social:
Recurrido/s: Bárbara 
Abogado/a: AMADOR FERNANDEZ FREILE
Procurador: CARMEN ROSA LOPEZ-QUINTANA SAEZ
Graduado Social:
Iltmos. Sres.: Rec. 1.501/2010
Dª. Carmen Escuadra Bueno
Presidente en funciones
D. José Manuel Riesco Iglesias
D. Rafael A. López Parada/
En Valladolid a veintidos de Septiembre de dos mil diez.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, compuesta por los Ilmos. Sres. anteriormente citados, ha dictado la siguiente
S E N T E N C I A
En el Recurso de Suplicación núm. 1.501/2010, interpuesto por la empresa OSA LOBO, S.A. contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. Uno de León, de fecha 2 de Junio de 2.010, (Autos núm. 381/2010), dictada a virtud de demanda promovida por Dª. Bárbara contra la empresa recurrente, sobre DESPIDO. 
Ha actuado como Ponente el Iltmo. Sr. DON José Manuel Riesco Iglesias.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 13 de abril de 2010 se presentó en el Juzgado de lo Social núm. Uno de León demanda formulada por la parte actora, en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el Suplico de la misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio, se dictó Sentencia desestimando la pretensión principal solicitada en la demanda y estimando la petición subsidiaria solicitada, declarando la improcedencia del despido.
SEGUNDO.- En referida Sentencia y como Hechos Probados figuran los siguientes: "PRIMERO.- La demandante, Bárbara , ha venido prestando servicios para la empresa demandada, Osa Lobo, S.A., en el centro de trabajo de la provincia de León, desde el 1 de diciembre de 1978, con la categoría profesional actual de oficial administrativo, y sujeción al Convenio Colectivo de referido sector y un salario mensual de 2.512 ,42 euros, de los que 2.177,42 corresponden a conceptos salariales, todo incluido, reflejados en nómina, y 335 euros corresponden a complemento fijo pactado y abonado en recibo fuera de nómina; salario total mensual, todo incluido, que equivale a 83,75 euros diarios.- 
SEGUNDO.- Con fecha 4 de febrero de 2010, mediante carta fechada el 4 de febrero de 2010, la empresa notificó a la actora la extinción de su contrato de trabajo por causas objetivas, con efectos desde el 4 de marzo de 2010, con el siguiente contenido literal:
"Mediante el presente escrito le comunicamos que con efectos del próximo día 4 de marzo de 2010, extinguiremos la relación laboral que usted mantiene con esta empresa, invocándose para ello la causa económica y productiva, consistente en los motivos que se indican a continuación.
Como es de dominio público, la actual crisis económica ha supuesto una contracción importante en el volumen de actividad que ha afectado también directamente a la empresa. En resumen, como Ud. Conoce, son reseñables los datos de la evolución de la Empresa que se recogen en el informe preparado por D. Clemente de la Asesoría Fercas y del que acompañamos copia. 
La evolución prevista no puede ser más desfavorable, ya que: (1) nuestros clientes no están aportando las garantías que venían siendo habituales (aval...) y están retrasando o cancelando obras comprometidas; (2) se ha producido una mayor competencia que conduce a un estrechamiento de los márgenes de explotación; y, además, (3) se hace necesario reducir las operaciones de venta de productos y servicios a aquellos clientes de los que se prevea razonablemente que no incurrirán en mora y cuyas operaciones ofrezcan suficiente margen comercial, evitando así una contracción de flujos de caja que, de no ser corregidos, provocaría el aumento de las pérdidas y causaría la desaparición de la Empresa.
Sin descartar otras medidas, se hace necesario ajustar los costes de estructura, entre los que se encuentran las retribuciones del personal administrativo. La extinción de la relación laboral que tiene como finalidad amortizar su puesto de trabajo de Administrativa, mediante la asunción, directamente por parte de la empresa, de las funciones que Ud. venía desempeñando y con el fin de intentar mantener todos aquellos restantes puestos de trabajo que tienen como fin atender las áreas productivas, técnicas y comerciales, más directamente ligadas a nuestra actividad propia.
La medida se adopta al amparo de lo establecido en el artículo 52. apartado c), del estatuto de los Trabajadores . 
La decisión de extinción de su relación laboral no supera los límites cuantitativos de extinciones previstos para períodos sucesivos de noventa días, en el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores y se adopta con una plantilla actual de 7 trabajadores. 
Con el presente escrito, ponemos a su disposición en las oficinas de esta empresa, la indemnización por importe de 26.129,04 euros, que resulta de aplicar el módulo de cálculo de 20 días por año trabajado, sin que se superen los salarios de 12 mensualidades. En caso de no retirar esa cantidad, será consignada en la cuenta de depósitos y consignaciones de los Juzgados de lo Social de León el próximo día 8 de febrero de 2010, a primera hora.
Se le informa que, desde esta fecha y hasta la de efectos de la extinción, Ud. podrá disfrutar de un permiso retribuido de seis horas semanales con la finalidad de buscar nuevo empleo. A su vez, la empresa fija como fechas para el disfrute de las vacaciones pendientes, tanto del año 2010 como de años anteriores, los días del 4 febrero al 4 de marzo, ambos incluidos, lo que supone un período más amplio que el estrictamente devengado, con el fin de incluir también las horas de permiso retribuido.
Le agradeceríamos nos informe de los temas que pudieran quedar pendientes de las gestiones que tenía encomendadas.
Igualmente ponemos en su conocimiento que, de acuerdo con la notificación recibida por esta empresa de la Mutua Ibermutuamur en la que nos comunidad que con efectos del 09-12-2009, le ha extinguido la prestación económica de incapacidad temporal que Ud. venía percibiendo a través de pago delegado por esta empresa, por lo que resulta que Ud. tiene un saldo deudor con la empresa, por el pago realizado en la nómina de diciembre conforme el siguiente desglose: Abonado en diciembre en concepto de baja por IT: 1.687,49 euros.- Devengado del 1 al 9 de diciembre: 489,91 euros.- Saldo a favor de la empresa: 1.197,58 euros.-
Junto con la presente se pone a su disposición una primera propuesta de liquidación, saldo y finiquito, en la que se incluye el descuento de 1.197,58 euros por el pago delegado indebido que Ud., indicado en los párrafos anteriores y las diferencias de las nóminas previstas para enero y febrero que se adjuntan. Además se ha hecho el cálculo atendiendo que durante el mes de preaviso se mantendrán las circunstancias relativas a su incapacidad temporal. 
En virtud de la exigencia establecida, entre otras, en el artículo 53, apartado 1.c), último inciso, del Estatuto de los trabajadores, la empresa manifiesta que no existe representación de los trabajadores. 
A dicha carta, se adjunta la carta de Asesoría Fercas, S.L., de fecha 22 de enero de 2010, a que se refiere la misma, con el siguiente contenido literal:
Examinada por este despacho la documentación aportada por la Compañía Osa Lobo,S.A., con CIF B24018178, con domicilio social en León, Astorga, 10, se puede concluir lo siguiente:
Debido a la escalada de la crisis general que se está produciendo en la economía española la Compañía ha tenido entre los ejercicios de 2.008 y 2.009 una importante disminución de la cifra de ventas, pasando de un importe de 1.610.935,70 € (primer trimestre por 514.736,77 más el segundo trimestre por 215.651,39, más el tercer trimestre por 318.283,46 y más el cuarto trimestre por 562.264,08, según declaraciones modelo 300 que se adjuntan) a 31 de diciembre de 2.009, a uno de 1.060,911,68 € (primer trimestre por 166.762,37 más el segundo trimestre por 278.989,13 y más el tercer trimestre por 378.492,53 de los que se adjunta copia del modelo 300 y más el cuarto trimestre por 236.667,35 del que se adjunta detalle por meses) a 31 de diciembre de 2.009. Lo antes citado supone una disminución del porcentaje de ventas en un 34,14% a 31 de diciembre de 2.009.
Además de lo citado y debido al cierre del crédito proporcionado por las entidades financieras y el retraso de las ayudas públicas se han paralizado tres proyectos por un importe de 587.040,73 € y no se conoce la fecha de reanudación de los mismos, lo que supone una importante disminución de la cartera de pedidos y una falta de expectativas de ventas en los próximos ejercicios.
Paralelamente a la disminución del importe de la cifra de ventas y a la paralización de proyectos se ha producido una disminución en el volumen de la documentación de la Compañía y como ejemplo: el número de facturas de ventas ha pasado de 1.355 en 2.007 a 1.126 en 2.008 y a 1.066 en 2.009. estos datos nos indican una disminución del volumen de documentación de un 16,90% entre 2.007 y 2.008, de un 5,33% entre 2.008 y 2.009 y por tanto de un 21,33% entre 2.007 y 2.009.
Debido a lo expuesto anteriormente, la Compañía tiene a esta fecha un exceso de importes del personal de administración, al tener los mismos pese a la importante disminución del importe de la cifra de ventas y la documentación, para la que no tiene trabajo y que de no ser corregido provocaría pérdidas y afectaría a la viabilidad de la Compañía.
(firmado y sellado)
VENTAS 4º. TRIMESTRE
2009 2008 2007
Octubre 108.497,42 177.317,83 271.213,84
Noviembre 73.303,82 177.673,31 107.062,31
Diciembre 54.866,11 183.837,60 157.399,60
Total trimestre 236.667,35 538.828,74 535.675,75
TERCERO.- Tras la práctica de la prueba en el acto del juicio, no han quedado probados los hechos expresados en la carta de despido objetivo, pues no se puede dar por probado que la contabilidad aportado por la empresa es fiel reflejo de la situación contable de la misma, dado que se ha evidenciado que, al menos, desde enero de 2009 y hasta octubre de 2009, existen más de 100 facturas que no han sido incluidas en la contabilidad oficial (folios 144 a 257, que se corresponden con los documentos 102 a 215 del ramo de prueba de la parte actora, así como testifical de Clemente y Herminio ). De otra parte, ha quedado acreditado que la empresa cuenta con los servicios de otra persona, mediante la modalidad de relación de becario, que está realizando la mayor parte del trabajo que antes desempeñaba la trabajadora demandante (interrogatorio del representante de la empresa y testifical de Herminio ). 
Cuarto.- La empresa ofreció a la trabajadora, al momento de notificarle la carta de despido objetivo, la indemnización por importe de 26.129,04 euros, a que se refiere la propia carta de despido, y, que no aceptó la trabajadora, ante lo cual la empresa procedió a consignar judicialmente dicha cantidad, con fecha 8 de febrero de 2010, dando lugar a los autos 148/2010, que se siguen ante este mismo Juzgado de lo Social nº 1 de León.
QUINTO.- En el momento de la notificación de la carta de despido, la trabajadora se encontraba en situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común.
SEXTO.- La demandante no ocupa ni ha ocupado en el último año cargo electivo sindical, ni está amparado en las garantías sindicales dimanantes del ejercicio del mismo.
SEPTIMO.- El día 29 de marzo de 2010, se celebró ante la Oficina Territorial de Trabajo de León, integrada en la estructura administrativa de la Junta de Castilla y León, el preceptivo acto de conciliación, en virtud de papeleta presentada por el actor, el día 17 de marzo de 2010, celebrado con el resultado de sin avenencia.".-
TERCERO.- Interpuesto recurso de Suplicación contra dicha sentencia por la parte demandada, fue impugnado por la parte demandante, y elevados los Autos a esta Sala, se designó Ponente acordándose la participación a las partes de tal designación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO
En el primer motivo de recurso, con el exclusivo amparo de la letra a) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) , la empresa recurrente solicita del Tribunal que se declare la nulidad de lo actuado a partir del momento anterior a la celebración de los actos de conciliación y juicio debido a la inexistencia de la grabación de dichos actos, lo que le ocasiona indefensión al carecer de los elementos necesarios para articular debidamente los motivos del recurso de suplicación. 
En las actuaciones figura (folios 441 y 442) un acta de juicio firmada por los intervinientes en el mismo, bajo la fe de la Sra. Secretaria Judicial, en la cual constan las partes, unas brevísimas alegaciones de la actora y de la demandada y la enumeración de las pruebas (interrogatorio de partes, testifical y pericial) practicadas en dicho acto, sin incluir resumen alguno de las mismas, por cuanto todos los asistentes confiaban lógicamente en la grabación del juicio que se estaba efectuando. Unido a ese documento consta un disco DVD en el que se aprecia únicamente durante 4 segundos una imagen de una sala de vistas vacía. No hay, por tanto, grabación válida del acto del juicio, exigida por el artículo 89.1 de la Ley de Procedimiento Laboral a partir de la entrada en vigor el 4 de mayo de 2010 de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre ( RCL 2009, 2090 y RCL 2010, 1001) , de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial. Se establece en dicho artículo que el desarrollo de las sesiones del juicio oral se registrará en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen. El Secretario judicial deberá custodiar el documento electrónico que sirva de soporte a la grabación. Las partes podrán pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales. Únicamente cuando los medios de registro previstos en este artículo no se pudiesen utilizar por cualquier causa, dispone el núm. 4 que el Secretario judicial extenderá acta de cada sesión, en la que se harán constar una serie de circunstancias, entre ellas, un resumen suficiente de las pruebas de interrogatorio de parte, testifical y pericial. 
En este caso concreto, por un problema técnico ajeno al Juzgado y que el proveedor de servicios no ha podido resolver hasta ahora, no llegó a grabarse el juicio. En la Jurisdicción Social el problema derivado de esta omisión no se ha analizado en toda su extensión debido a que hasta el 4 de mayo del presente año no era obligatoria la grabación del juicio. Sin embargo, en la Jurisdicción Civil sí se ha planteado esta cuestión, la cual ha sido resuelta de forma diversa según las circunstancias. Así, en la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2009 ( RJ 2010, 866) (rec. 1591/2005 ) podemos leer que el sistema de grabación y reproducción de imagen y sonido prevista en el artículo 147 de la Ley traslada de forma virtual al órgano judicial de segunda instancia el juicio celebrado en el Juzgado, incluida la inmediación de la que, en principio, adolece el Tribunal de apelación. Ocurre que este sistema novedoso de documentación que impuso la Ley de 2000 , ha conducido en ocasiones a situaciones indeseadas como las que se presentan cuando puesto en funcionamiento el CD, la cinta de vídeo o de audio ninguna de ellas ha reproducido el juicio por encontrase en blanco o ser tan deficiente que no es posible tomar conocimiento del mismo. El problema es evidente puesto que al hecho de exponer a las partes a un nuevo juicio, con el consiguiente retraso en la solución del conflicto, se suma la eliminación del efecto sorpresa y de la consiguiente estrategia procesal puesto que ya se conocen los datos de prueba y las consecuencias de una determinada actuación. 
En estos momentos existe un cuerpo de resoluciones dictadas por las Audiencias Provinciales que analizan el problema y lo resuelven no tanto de forma contradictoria como adaptada al caso concreto en que se produce la infracción. Algunas de ellas declaran la nulidad de actuaciones dada la situación de indefensión que produce a las partes el hecho de que no se puede valorar la prueba en otras instancias (SSAP de Cáceres de 22 de septiembre de 2001; de Málaga 9 de julio 2002 ( PROV 2002, 244098) ; de Asturias de 16 de diciembre de 2002 ( PROV 2003, 64669) y 9 de mayo 2006 ( PROV 2006, 188077) ; de Las Palmas de 17 de mayo 2006 , entre otras), haciéndolo con base en los artículos 209 , sobre forma y contenido de las sentencias, y 218.2 , sobre motivación de las mismas, puestos en relación con los artículos 147 y concordantes de la Ley . Otras reconducen la nulidad sólo a los medios de prueba que han de practicarse en el acto del juicio, no a las documentales, pues ante las mismas se halla en idéntica posición el Juez de primera y el de segunda, de tal forma que si la solución del litigio puede alcanzarse a partir del análisis de esta prueba, prescindiendo de las declaraciones practicadas en el acto del juicio, entienden que ninguna indefensión se produce por el hecho de que no se hubiera documentado el juicio, lo cual conlleva que no quepa la nulidad de lo actuado (SSAP de Málaga 17 de Julio de 2.001, Asturias 23 de octubre de 2003 ( PROV 2003, 259904) ). Finalmente, un tercer grupo de sentencias admiten que junto a la exigencia de registrar las actuaciones orales en vistas y comparecencias en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen, bajo la fe del Secretario Judicial, el artículo 187.2 de la Ley permite que la vista se documente por medio de acta realizada por el Secretario Judicial siempre que los medios de registro no pudieran utilizarse por cualquier causa, rechazando la nulidad, especialmente si esta es suficientemente amplia, pormenorizada y detallada (SSAP de Asturias de16 de diciembre de 2.002; Zaragoza de 11 de abril de 2006; Córdoba 12 de enero 2009, entre otras) 
La nulidad de actuaciones, que se acoge en alguna de estas resoluciones -señala el Tribunal Supremo- es una medida excepcional y de interpretación restrictiva por lo que es necesario para apreciarla que se haya producido una efectiva indefensión a las partes en litigio. En este sentido, el Tribunal Constitucional nos ha hablado reiteradamente (por todas, sentencias 90/1988 y 181/94, de 20 de junio ) de una indefensión "material" y no formal para la cual resulta necesaria pero no suficiente la mera transgresión de los requisitos configurados como garantía, siendo inexcusable la falta de ésta, cuando se produce de hecho y como consecuencia de aquélla. No basta, pues, la existencia de un defecto procesal si no conlleva la privación o limitación, menoscabo o negación, del derecho a la defensa en un proceso público con todas las garantías "en relación con algún interés" de quien lo invoca ( STC 90/1988 ( RTC 1988, 90) ). En este caso, consideramos que la omisión de la grabación por motivos técnicos no ha producido indefensión a la demandada porque, por un lado, no ha impedido la valoración de toda la prueba por parte del Juez de instancia que ha presenciado directamente el desarrollo del juicio; por otro, porque tampoco impide que este Tribunal efectúe su propia valoración de la prueba documental en la que basa la recurrente la modificación de los hechos probados primero y tercero en el motivo 5º; y, finalmente, porque la recurrente no pide la nulidad por alguna cuestión planteada en el propio acto del juicio que hiciese imprescindible el examen de la grabación. Así pues, atendiendo al principio de celeridad que, conforme al artículo 74.1 de la Ley de Procedimiento Laboral , ha de regir la interpretación y aplicación de las normas reguladoras del proceso laboral ordinario, consideramos que no procede la nulidad interesada por la recurrente en este primer motivo de recurso. 
SEGUNDO
Con el mismo amparo procesal que el motivo anterior -y subsidiariamente con el de la letra c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral- la parte recurrente alega en el segundo motivo de recurso que la sentencia de instancia infringe los artículos 90 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral y 217 y 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) , en cuanto que ha incurrido en error en la valoración de las pruebas, presunciones judiciales y aplicación de las reglas de la carga de la prueba. 
En el desarrollo argumentativo del recurso el Letrado de la empresa recurrente se centra en la valoración de la prueba, en lo que afecta al salario regulador, así como a las facturas que el Magistrado considera que no figuran en la contabilidad oficial de aquélla. A todos estos documentos la recurrente le achaca o bien que se trata de fotocopias o que han sido elaboradas por la trabajadora para favorecer exclusivamente su propio interés; asimismo, resalta que los propios documentos son contradictorios entre sí. Por ello concluye que la prueba ha sido valorada inadecuadamente, lo que deberá determinar la nulidad de la sentencia.
La representación letrada de la recurrida se opone a esta argumentación resaltando, a su vez, que lo que se pretende es modificar los hechos declarados probados por el Juez de instancia a través de una valoración interesada de la prueba, mediante la denuncia de la efectuada de forma soberana e independiente por aquél.
No tiene razón la recurrente. En el apartado 2 del fundamento de derecho segundo el Magistrado explica detalladamente las razones que le han llevado a considerar probado que doña Bárbara percibía una cantidad de 335 € mensuales, a la cual le atribuye un carácter salarial. Esta conclusión del Magistrado no es descabellada ni implica una valoración de la prueba documental obrante en autos que haya de calificarse de absurda o ilógica, con lo que la Sala no tiene motivos para atribuirle las consecuencias que preconiza la recurrente en este motivo de recurso. Asimismo, en el apartado 4 del fundamento de derecho cuarto el Magistrado argumenta con precisión acerca de las causas que le llevan a calificar como improcedente el despido objetivo decidido por la ahora recurrente. Esas dos razones son la doble contabilidad y la sustitución de la trabajadora por otra persona con una relación de becario (esta última circunstancia reconocida en el escrito de formalización, motivo 5º). A la vista de estas circunstancias la Sala entiende que el Magistrado ha realizado una interpretación perfectamente razonable de la prueba practicada en los autos, con lo que no ha lugar a la anulación de la sentencia por esta razón. 
TERCERO
En el tercer motivo de recurso de los contenidos en el escrito de formalización, la recurrente insiste nuevamente en la nulidad de la sentencia, a la que imputa en este punto falta de exhaustividad y congruencia. Y ello porque no recoge la valoración de las alegaciones en dos aspectos: los datos contables presentados por la empresa y su valoración de acreditar méritos suficientes para probar la situación de pérdidas económicas; y la baja de don Romulo , trabajador de la empresa que se encuentra de baja por incapacidad temporal desde el 24 de septiembre de 2009 a la actualidad. 
Tampoco en este motivo podemos darle la razón a la parte recurrente. Por el contrario, coincidimos con la trabajadora que en su escrito de impugnación afirma que la sentencia es exhaustiva y congruente, confundiendo la parte recurrente la valoración de la prueba que el Juzgador de instancia hace de forma soberana e independiente, con la valoración de la prueba que ella quisiera que hubiese efectuado. En efecto, en el fundamento de derecho cuarto el Magistrado desarrolla por extenso los argumentos que le llevan a la conclusión final de la sentencia -la improcedencia del despido objetivo-, la cual, por otra parte, es congruente con las pretensiones de la demanda, en la que la trabajadora pide que se declare la nulidad o la improcedencia del despido de que ha sido objeto por parte de su empleadora.
CUARTO
El cuarto motivo de recurso es un simple -y brevísimo- recordatorio de los tres anteriores y un anuncio de los siguientes, por lo que carece de sustantividad propia no siendo susceptible de ser contestado autónomamente.
QUINTO
Con el amparo procesal de la letra b) del artículo 191 la parte recurrente solicita en este motivo de recurso la modificación de dos hechos probados: el primero y el tercero. 
I.- Para el hecho probado primero la recurrente ofrece la siguiente redacción nueva:
"La demandante, Bárbara , ha venido prestando servicios para la empresa Osa Lobo, S.A. en el centro de trabajo de la provincia de León, desde el 1 de diciembre de 1978, con la categoría actual de oficial administrativo, y sujeción al convenio colectivo de referido sector y un salario mensual de 2.177,42 euros que equivalen a 72,58 euros diarios (folios 282-296). La demandante es la única administrativa de la empresa (folios 318-330).". 
La modificación se basa en los documentos mencionados, consistentes en nóminas y documentos de cotización. En ellos, consta efectivamente el salario indicado por la recurrente. Lo que ocurre es que el salario que figura en esos documentos se contradice con otros documentos obrantes en los autos sobre los que razona el Magistrado en el punto 2 del fundamento de derecho segundo y de los que se deduce que doña Bárbara percibía una cantidad superior a la que constaba en las nóminas. Así pues, no procede acceder a la modificación interesada por la recurrente. 
II.- La empresa recurrente propone el siguiente texto para el hecho probado tercero:
"Tras la práctica de la prueba en el acto del juicio, han quedado probados los hechos expresados en la carta de despido objetivo, pues los documentos aportados por la empresa (Declaraciones tributarias: folios 20-48; informe pericial: folios 333-334; y la contabilidad: folios 335-396) con la ratificación de los mismos en el acto del juicio, evidencia las siguientes cifras:
Ejercicio del año: 2009 2008 2007 2006
Volumen de negocio: 1.062.299,57 1.610.961,22 1.520.939,92 1.150.313,15
Resultado explotación: -45.734,65 236.037,47 61.509,28 33.227,89
En el año 2010 (conforme se señala en el informe recogido en folio 333) 'se ha producido la paralización de tres proyectos por un importe de 587.040,73 euros y no se conoce la fecha de reanudación de los mismos, lo que supone una importante disminución de la cartera de pedidos y una falta de expectativas de venta en los próximos ejercicios'.
De otra parte ha quedado acreditado que uno de los trabajadores, D. Romulo , permanece de baja por IT desde el 24- 09-2009 a la actualidad (folios 318 y 327-330) y que la empresa cuenta con los servicios de otra persona, mediante la modalidad de relación de becarios.". 
Tampoco esta segunda modificación solicitada por la parte recurrente podrá prosperar por intrascendente por cuanto aunque existiese esa situación de pérdidas (no mencionada en la carta de despido en la que sólo se especifica el descenso de las ventas y la disminución en el volumen de la documentación) en la cuenta de resultados y balance de la empresa, no tendría eficacia ya que la contabilidad de la misma no responde fielmente a su situación económica, tal como razona el Magistrado en el tan mencionado apartado 4 del fundamento de derecho cuarto. Y por lo que respecta a la baja por incapacidad temporal de un trabajador de la empresa y a los servicios de otra persona con relación de becaria, hemos de señalar que ya consta en la actual redacción de la sentencia, si bien con la especificación de que ésta última realiza la mayor parte de las tareas que desempeñaba la trabajadora recurrida, lo que no resulta desmentido por la documentación invocada en el motivo.
SEXTO
El motivo final del recurso se dedica a la revisión de las infracciones jurídicas imputadas a la sentencia, que se centran en los artículos 53.5 del Estatuto de los Trabajadores y 123 de la Ley de Procedimiento Laboral. 
La empresa recurrente argumenta que ha acreditado la reducción de su actividad en un 30%, que tiene pocos trabajadores, que el único apartado para una posible reducción de costes es el de personal y, finalmente, que una situación de pérdidas continuadas supondría la necesidad de reducir fondos propios y de acudir a una financiación que conllevaría unas mayores pérdidas hasta llegar a una situación de liquidación o concurso, con la pérdida del resto de empleos. Por ello, entiende acreditadas las razones expuestas en la carta de despido objetivo y solicita que se declare procedente el mismo.
Pese a esta argumentación de la empresa recurrente, la Sala ha de confirmar el criterio del Magistrado de instancia. Aunque de las declaraciones tributarias, de la contabilidad y del informe pericial podría deducirse la disminución de las ventas y las pérdidas en el último año, tales datos no son suficientes a efectos de acreditar la situación negativa afirmada, ante el hecho declarado probado, consistente en que la empresa llevaba una doble contabilidad, habiéndose evidenciado que, al menos, desde enero de 2009 y hasta octubre de ese mismo año, existen más de 100 facturas que no han sido incluidas en la contabilidad oficial. Así pues, la empresa no registraba ni declaraba todos los ingresos reales que se producían como consecuencia de las ventas, por lo que la contabilidad oficial no refleja la verdadera situación económica de la misma, coincidiendo la Sala con el juzgador de instancia en que la contabilidad doble o irregular no permite apreciar la causa económica (entre otras, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 11 de enero de 2010 ( PROV 2010, 91893) , rec. 1055/09 ). 
En conclusión, consideramos que la sentencia impugnada no ha incurrido en las infracciones jurídicas denunciadas, con lo que procede la desestimación del recurso interpuesto contra la misma.
Por lo expuesto, y
EN NOMBRE DEL REY
FALLAMOS
DESESTIMAMOS el recurso de suplicación interpuesto por la indicada representación de la empresa OSA LOBO, S.A. contra la sentencia dictada el 2 de junio de 2010 por el Juzgado de lo Social núm. 1 de León, en los autos núm. 381/10 seguidos sobre DESPIDO OBJETIVO, a instancia de DOÑA Bárbara contra la indicada recurrente y, en consecuencia, confirmamos íntegramente dicha sentencia. 
Acordamos la pérdida de los depósitos y consignaciones constituidos para recurrir y condenamos a la recurrente a abonar al Letrado de la recurrida la cantidad de 300 € en concepto de honorarios.
Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias.
SE ADVIERTE QUE:
Contra la presente sentencia, cabe recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, que podrá prepararse dentro de los diez días siguientes al de esta notificación, mediante escrito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos exigidos, previstos en el artículo 219 de la Ley de Procedimiento Laboral . 
Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social consignará como depósito la cantidad de 300,00 euros en la cuenta núm. 2031 0000 66 1501-10 abierta a nombre de la Sección 2ª de la Sala de lo Social de este Tribunal, en la oficina principal en Valladolid del Banco Español de Crédito (BANESTO), acreditando el ingreso.
Asimismo deberá consignar separadamente en la referida cuenta la cantidad objeto de condena, debiendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para preparar el Recurso de Casación para Unificación de doctrina.
Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestaciones, deberá acreditar al tiempo de preparar el citado Recurso que ha dado cumplimiento a lo previsto en el art. 219.3 en relación con el 192.4 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) . 
Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos junto con la certificación de aquélla al Juzgado de procedencia para su ejecución.
Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION.- En la misma fecha fue leída y publicada la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la dictó, celebrando Audiencia Pública en esta Sala de lo Social. Doy fé.