EDJ 2014/183457
Audiencia Provincial de Sevilla, sec. 5ª, S 16-6-2014, nº 364/2014, rec. 7291/2013
Pte: Herrera Tagua, José
Resumen
Dación en pago de vivienda al banco. Abono de impuestos. La AP desestima el recurso de apelación del prestatario que concierta con la entidad bancaria una dación en pago al no poder pagar la hipoteca que grava su vivienda. Respecto a los gastos e impuestos derivados de esta operación tiene que ser el deudor quien asuma los mismos pues el apelante ha obtenido un importante beneficio, en cuanto que no ha tenido que abonar una parte sustancial de la deuda. Este beneficio obtenido es el que grava el Impuesto de Sucesiones y Donaciones de modo que ha de afrontarlo, al ser una cuestión que excede de lo acordado en el negocio jurídico formalizado entre las partes (FJ 3).
NORMATIVA ESTUDIADA
	RD de 24 julio 1889. Código Civil
art.1157
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ÍNDICE
	ANTECEDENTES DE HECHO
	FUNDAMENTOS DE DERECHO
	FALLO
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CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS
	CESIÓN DE BIENES
	DIFERENCIA CON LA DACIÓN EN PAGO
	DACIÓN O ADJUDICACIÓN EN PAGO
	CONCEPTO; CESIÓN PRO SOLVENDO
	EFECTOS
	SUPUESTOS DIVERSOS
FICHA TÉCNICA
	Favorable a: Entidad financiera; Desfavorable a: Cliente
	Procedimiento:Apelación, Juicio verbal
	Legislación
	Aplica art.1157 de RD de 24 julio 1889. Código Civil
	Cita RD de 24 julio 1889. Código Civil
AUDIENCIA PROVINCIAL
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SECCIÓN QUINTA
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REFERENCIA
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JUZGADO PRIMERA INSTANCIA núm. 15 DE SEVILLA
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ROLLO DE APELACIÓN 7291/13-M
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AUTOS núm. 437/13
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SENTENCIA
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ILTMO. SR. MAGISTRADO:
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DON JOSÉ HERRERA TAGUA
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En Sevilla, a dieciséis de junio de dos mil catorce.
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VISTOS por el Iltmo. Sr. D. JOSÉ HERRERA TAGUA, Magistrado de la Sección Quinta de esta Iltma Audiencia Provincial, los autos de Juicio Verbal num. 437/13, procedentes del Juzgado de Primera Instancia 15 de Sevilla, promovidos por D. Martin, representado por el Procurador D. Manuel Luis Vázquez Almagro, contra la entidad Banco Santander S.A., antes Banco Español de Crédito S.A., representada por la Procuradora Doña Pilar Murga Fernández; autos venidos a esta alzada en virtud de recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la Sentencia en los mismos dictada con fecha 14 de junio de 2013.
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ANTECEDENTES DE HECHO
Se aceptan sustancialmente los de la resolución apelada, cuyo fallo literalmente dice: "Que debo desestimar la demanda interpuesta por el Procurador D. MANUEL LUIS VAZQUEZ ALMAGRO, en nombre y representación de D. Martin contra BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A., hoy banco de Santander, en reclamación de 4.093,12 euros.
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No hago expresa imposición de las costas generadas en el presente procedimiento."
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PRIMERO.- Notificada a las partes dicha resolución y apelada por la parte demandante, y admitido que le fue dicho recurso en ambos efectos, se elevaron las actuaciones originales a esta Audiencia con los debidos escritos de interposición de la apelación y de oposición a la misma, dándose a la alzada la sustanciación que la Ley previene para los de su clase.
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SEGUNDO.- En la sustanciación de la alzada se han observado las prescripciones legales.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Por el Procurador D. Manuel Luis Vázquez Almagro, en nombre y representación de D. Martin, se presentó demanda contra la entidad Banco Español de Crédito, S.A., actualmente Banco de Santander, S.A., interesando que se le condenase al pago de 4.093,12 euros, que había tenido que abonar en concepto de Impuesto de Sucesiones y Donaciones, por la condonación de deuda que había tenido lugar, en virtud de la dación en pago formalizada en escritura pública otorgada el día 15 de mayo de 2.009, sobre la base de lo establecido en la estipulación séptima. La entidad demandada se opuso. La Sentencia dictada en primera instancia desestimó la demanda, contra la que interpuso recurso de apelación el actor, que reiteró sus pretensiones.
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SEGUNDO.- En orden a centrar la cuestión controvertida, conviene recordar que la presente litis deriva de la relación negocial que se inicia entre las partes, a consecuencia de un préstamo con garantía hipotecaria que se formaliza mediante escritura pública otorgada el día 23 de agosto de 2.007, por importe de 191.700 euros. En un momento dado, y ante el impago por parte del Sr. Martin, por acuerdo de las partes, se decide otorgar una nueva escritura, en este caso, de dación en pago, que tiene lugar con fecha 15 de mayo de 2.009, cuando la deuda ascendía 196.865,94 euros, por todos los conceptos, sin incluir los intereses moratorios. Se transmitía el inmueble gravado a la entidad bancaria, vivienda sita en CALLE000 núm. NUM000, de Villanueva del Ariscal, finca registral núm. NUM001 del Registro de la Propiedad núm. 1 de Sanlúcar la mayor. Se valoró el citado inmueble en 172.806,26 euros, y por las partes se acordó la extinción completa de la deuda. Es evidente, que la diferencia entre la deuda y el valor de adjudicación, supuso una condonación, y como tal fue calificado por la Administración a efectos tributarios, de ahí el importe reclamado, que abonó el actor, y que en los presentes autos reclama a la entidad demandada.
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Las partes no disiente, en cuanto a que el acuerdo de voluntades plasmado en la escritura pública otorgada el día 15 de mayo de 2.009, reviste los caracteres de una dación en pago, que jurisprudencialmente se admite como modo de extinción de las obligaciones. El artículo 1.157 del Código Civil EDL 1889/1 atribuye efectos extintivos al pago siempre que concurran los requisitos de integridad e identidad con la prestación convenida. Ha de existir una adecuación entre lo pactado y lo realizado, de ahí que no se entienda pagada la deuda, sino cuando completamente se hubiera entregado la cosa o hecha la prestación en la que la obligación consista. Como formas especiales de pagos se contempla la cesión de bienes y la dación en pago. La primera consiste en la entrega de bienes del deudor en provecho del acreedor, para que este aplique el importe a la satisfacción de su crédito. La cesión, en cuanto que relación contractual, requiere el concurso libre de voluntades del acreedor y deudor, y tendrá el alcance y efectos que expresamente se pacten. Libera al deudor tan solo por el importe líquido de los bienes cedidos. No se transmite la propiedad de los bienes al acreedor, únicamente transfiere la posesión, administración y un mandato para proceder, en beneficio del acreedor, a su venta y pago del crédito.
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La dación en pago, se entiende que es pago (datio in solutum) y consiste en la realización por parte del deudor, en concepto de pago, de una prestación diversa de la debida que el acreedor consiente en recibirla en sustitución de ésta. Como vemos, la dación se diferencia de la cesión porque se transmite el bien o el derecho que se entrega, de modo que extingue la obligación. Se requerirá un acuerdo de voluntades de las partes, en virtud del cual libremente deciden dar por extinguida la obligación, mediante la realización de una prestación distinta a la inicialmente pactada.
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Distinción que ha establecido una reiterada y consolidada jurisprudencia entre las que puede destacarse la Sentencia de 1 de marzo de 1.969 que declara: "la cesión de bienes a los acreedores del artículo 1175 del Código Civil EDL 1889/1 no debe confundirse con la dación en pago, pues como tuvo buen cuidado en precisar la doctrina de este Tribunal Supremo - en parte recogida incomprensiblemente en el escrito de recurso- aquélla implica abandono de los bienes por el deudor en provecho de los acreedores para que estos apliquen su importe líquido" a la satisfacción de su crédito mientras que en la dación en pago, bien se la catalogue, como una venta o bien se la configure como una novación o se piense incluso que se trata de un acto complejo, pero siempre regulada analógicamente en nuestro Derecho por las normas de la compraventa al carecer de reglas específicas (sólo se encuentran alusiones en los artículos 1521, 1636 y 1849 del Código Civil EDL 1889/1) el crédito que con ella se satisface adquiere la categoría de precio del bien o bienes que se entregan: o con otras palabras. en un caso se está en presencia de una cessio pro solvendo, pues como dice el legislador, el pago por cesión sólo libera al deudor de su responsabilidad por el importe líquido de los bienes cedidos, mientras que en el otro se trata de una cessio pro soluto en el sentido de que la entrega produce automáticamente la extinción de la primitiva obligación; debiendo añadir todavía que la diferencia es terminante, por lo que respecta a la traslación de título real, puesto que así como la cesión solo atribuye la posesión de los bienes con un poder de carácter personal que permite al acreedor efectuar la venta para cobrarse con su importe en cambio en la dación se produce una verdadera transmisión del dominio sin restricción ni cortapisa alguna como dijeron, entre otras las Sentencias de esta Sala de 11 de mayo de 1912, 9 de enero de 1915, 9 de diciembre de 1943, 13 de marzo de 1953 y 14 de octubre de 1960)", en parecidos términos señala la Sentencia de 14 de julio de 1.997 nos dice que: "El contrato no fue nunca cesión de bienes para pago porque no se cedieron para venderlos, cobrar el crédito y restituir el dinero sobrante ( artículo 1175 del Código Civil EDL 1889/1 ).
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Se asemeja más a la pura dación en pago en el que coinciden deuda y precio dado a los objetos transmitidos, que efectivamente tiene analogía con la compraventa, pero con caracteres propios por su finalidad extintiva de la obligación ( STS de 5 de octubre de 1987), ya que en modo alguno le es aplicable el artículo 1470".
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En el presente supuesto, no existe la menor duda que estamos ante una dación en pago, que supuso la plena e integra extinción del préstamo con garantía hipotecaria, pese a que la prestación que recibía la acreedora, su valor, era inferior al importe de la deuda, de modo que se produjo la efectiva condonación de 24.059,58 euros.
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TERCERO.- Entiende el actor, como ya hemos señalado, que el impuesto girado y abonado a la Junta de Andalucía por esa donación, debe ser satisfecho por la demandada, en base a la cláusula séptima. La cual, dispone que: "Los gastos, honorarios y arbitrio, incluso el Impuesto Municipal sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, serán de cuenta de la cesionarias"
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En términos generales, en orden a centrar la cuestión debatida, conviene recordar que determinar cuándo se puede exigir y cuál es el contenido de una obligación, vendrá determinado por el acuerdo de voluntad de las partes, sin olvidar que el contrato no sólo obliga en aquello a lo que abarca la libertad contractual, sino en la medida a que alcanza la confianza de la otra parte en la declaración, y que los contratos no son absolutamente obligatorios en todo aquello a que la voluntad contractual se extienden, artículos 1275, 1116, 1102, 1136, 1459, 1859, 1884, etc., del Código Civil EDL 1889/1 . En definitiva, para que se pueda declarar que se ha cumplido la obligación, o en su caso que el acreedor pueda exigir el cumplimiento, es necesario que exista identidad e integridad con la prestación convenida, es decir, ha de darse una plena y absoluta adecuación entre lo pactado y lo realizado,
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Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.258 del Código Civil EDL 1889/1 , los contratos obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley, como señala la Sentencia de 6 de marzo de 1.999: "la buena fe contractual en sentido objetivo consiste en dar al contrato debida efectividad para que se realice el fin propuesto, lo que exige comportamientos justos, adecuados, y reales".
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Una vez perfeccionado, las obligaciones que surgen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.091 del Código Civil EDL 1889/1 , han de cumplirse a su tenor, con ello se está estableciendo la necesidad de respetar, obedecer y cumplir los pactos, es decir, se pretende dar cumplimiento a esa voluntad contractual de las partes que constituye lo que denomina la jurisprudencia, lex privata de los contratantes, STS de 20-9-96, de ahí que el artículo 1.257 del Código Civil EDL 1889/1 disponga que los contratos solo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos. Mientras esté vigente el contrato, sobre la base de las anteriores consideraciones, las partes han de cumplir las obligaciones que han asumido y sólo estarán facultados para incumplirlas, cuando acrediten que su incumplimiento es consecuencia del anterior de la otra parte.
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En principio, la eficacia del contrato deriva de la concurrencia de los requisitos que establece el artículo 1.261 del Código Civil EDL 1889/1 , de ahí que el artículo 1.254 disponga que el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o presta algún servicio. Para que el consentimiento se entienda que tiene efectos vinculantes, se exige que sea libre y conscientemente emitido y manifestado. Se debe tratar de la voluntad concorde de los intervinientes, como expresamente señala el artículo 1.262 del Código Civil EDL 1889/1 , y se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato. Expresamente declara la Sentencia de 14 de noviembre de 2003 que nuestro: "sistema contractual se asienta en la regla de la perfección consensual de los contratos. El contrato existe, como afirma el artículo 1254, desde que una o varias personas consienten en obligarse. Por tanto, la coincidencia de voluntades en ese consentimiento, de origen dual o bilateral, determina la perfección del contrato, como momento desde el que el mismo adquiere fuerza obligatoria.
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La palabra "consecuencias" da idea de relación, nexo o enlace entre un efecto y su causa, y alude así a algo derivado directamente del contrato que como corolario derivación efecto hay que tener como conceptualmente convenido. Como tiene manifestado esta Sala, el carácter genérico del artículo 1258 ha de armonizarse con los más específicos que para cada contrato y cada supuesto contiene el Código Civil EDL 1889/1 ( Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 1956), y la posibilidad de ampliar o modificar, a su amparo, lo estrictamente convenido, ha de admitirse con gran cautela y notoria justificación ( Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 1944), es decir, la expansión de los deberes al amparo del artículo 1258 debe ser lo más restringida posible, porque no puede excindirse este artículo del contenido del artículo 1253, según el cual, en los términos de un contrato no deberán entenderse comprendidos cosas distintas y casos diferentes de aquéllos sobre los que los interesados se propusieron contratar. Y en cualquier caso al extender una obligación al amparo del citado artículo conviene incardinar la consecuencia añadida en alguno de los tres supuestos, Ley, uso o buena fe ( Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 1988)".
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Es innegable la vigencia en el ámbito contractual de los principios de libertad contractual y de autonomía de la voluntad que consagra el artículo 1.255 del Código Civil EDL 1889/1 , sin que exista más limites que los que se derivan de las normas imperativas, la moral y el orden público. En base a ello, se afirma la existencia de una serie de principios éticos y sociales de carácter imperativos que ponen límites, con fundamento en el interés general, a la autonomía privada. Dicho precepto, como señala la Sentencia de 30 de abril de 2.002: "autoriza a los contratantes a "establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público", consagra, como ha recogido la sentencia de esta Sala de 24 de septiembre de 1987, el principio de autonomía de la voluntad y autoriza a modificar el esquema del contrato tipo previsto por el legislador hasta el punto de deformarlo mediante la combinación o adición de pactos especiales, dando así vida a un contrato distinto".
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En orden a conocer el contenido contractual, el sentido del mismo, la intención de la parte, en definitiva, su alcance vinculatorio, que no es más que tratar de conocer y fijar el sentido de lo querido y manifestado, se torna indispensable acudir a las reglas de la interpretación de los artículos 1.281 y siguientes del Código Civil EDL 1889/1 . La primera de las citadas normas dispone que si los términos de un contrato son claros y no dejan lugar a la duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de las cláusulas. En este supuesto, no será necesario acudir a las reglas de interpretación que establecen el apartado segundo del citado artículo y los siguientes, cuando sean notorios los términos empleados. Así la Sentencia de 24 de junio de 1.993 declara que: "Como ya ha declarado reiteradamente esta Sala, la interpretación literal claramente constatada excluye averiguar la supuestamente encubierta, en cuanto que el artículo 1282 solo puede entrar en juego como norma supletoria en relación con el artículo 1281, párrafo 2, para juzgar de la intención de los contratantes, cuando esta no es evidente". En parecidos términos declara la Sentencia de 29 de marzo de 1.994 que: "Es doctrina de esta Sala recogida en la Sentencia de 10-5-91 y las que en ella se citan la de que las normas o reglas interpretativas contenidas en los arts. 1281 a 1289 ambos incluidos del Código Civil EDL 1889/1 , constituyen un conjunto complementario y subordinado de las cuales tiene rango preferencial y prioritario la correspondiente al primer párrafo, artículo 1281 del Código Civil EDL 1889/1 , de tal manera que si la claridad de los términos de un contrato no dejan duda sobre la intención de las partes, no cabe que entren en juego las restantes reglas contenidas en los artículos siguiente, que vienen a funcionar con el carácter de subordinadas respecto de la que preconiza la interpretación literal". Como nos dice la Sentencia de 21 de febrero de 1.999, se trata de evitar que por aplicación de cualquier otra regla hermenéutica o argumentos interpretativos se desvirtúen las expresiones claramente reveladoras de la voluntad de quienes contrataron". En parecidos términos se pronuncian las Sentencias de 27-9-96, 30-4-02 y 23-1-03, entre otras.
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Pese a las anteriores consideraciones, en orden a conocer la verdadera intención de las partes será necesario indagar más allá de los propios términos empleados por las partes, En este sentido, declara la Sentencia de 21 de abril de 1.993 que: "Dice la Sentencia de 14 de enero de 1964 que "como ha declarado esta Sala, entre otras, en su Sentencia de 20 de abril de 1994, la interpretación de los contratos y demás actos jurídicos, aunque haya de partir de la expresión contenida en las palabras pronunciales o escritas no puede detenerse en el sentido riguroso o gramatical de las mismas y ha de indagar fundamentalmente la intención de las partes y el espíritu y finalidad que hayan presidido el negocio, infiriéndose de las circunstancias concurrentes y de la total conducta de los interesados, como así viene a sancionarlo el art. 1.282, el cual no excluye -como ha advertido entre otras la Sentencia de 8 de abril de 1931 -, los actos anteriores ni las demás circunstancias que pueda contribuir a la acertada investigación de la voluntad de los otorgantes, siendo indudable que entre estos elementos podrá tener importancia muy relevante la conexión que el acto negocio guarde con otros que le hayan servido de antecedentes o base legal siempre que la parte contra la cual se esgrima esta norma interpretativa haya tenido, o debido tener, oportuno conocimiento de ello"". En parecidos términos la Sentencia de 21 de febrero de 2.003 declara que: "Afirma la sentencia de 8 de julio de 1996 que "es doctrina de esta Sala (sentencias de 11 de octubre de 1989 y 16 de julio de 1992, entre otras muchas) la de que cuando de lo alegado y probado en el proceso surjan dudas fundadas acerca de la verdadera intención de los contratantes, el órgano judicial no puede detenerse en la mera literalidad del contrato, por claros que éstos puedan parecer, sino que tiene el deber de indagar lo verdaderamente querido o intención evidente de los contratantes, acudiendo para ello a los demás medios exegéticos que le brinda el ordenamiento jurídico, uno de los cuales es atender a los actos coetáneos y posteriores de los contratantes, conforme establece el art. 1282 del Código Civil EDL 1889/1 "".
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TERCERO.- Aplicadas estas consideraciones generales a la presente litis, podemos afirmar que la intención de las partes, plasmado en dicha cláusula o estipulación, no puede tener el alcance y sentido extensivo que el actor pretende. Claramente dicha acuerdo se refiere a los gastos que tienen un origen o causa directa en el acuerdo plasmado en dicho negocio jurídico, como es dar por extinguida una deuda mediante una prestación distinta y diferente a la pactada en el contrato, en este caso de préstamo. Ese negocio conlleva una serie de gastos directos y consecuentes, como son los notariales, impuesto de transmisiones y plusvalía. Este último es cargo del vendedor, ya que trata de gravar el incremento del valor que ha experimentado el terreno mientras ha sido propietario. Expresamente, en el presente supuesto, las partes decididamente pactar que fuera a cargo no del actor, sino de quien adquiría la propiedad, acuerdo plenamente válido en base a lo establecido en el artículo 1.255 del Código Civil EDL 1889/1 . En este sentido, hemos de entender dicho acuerdo, es decir, los efectos directos de dicho acuerdo, que básicamente se refieren a dar por extinguida una deuda y la consecuente cancelación de una garantía real. A estos extremos son los que se refieren las partes, y supone la razón de la inclusión de dicha cláusula, singularmente del consentimiento prestado la demandada. En definitiva, que estaba dispuesta a asumir todos los gastos, incluso los que por Ley no le correspondían, pero entendiéndolo referido a todo aquello que era consecuencia directa del acuerdo alcanzado, es decir, derivado de la extinción del contrato de préstamo, de la cancelación de la garantía hipotecaria y de todo lo necesario hasta conseguir la inscripción registral de la titularidad dominical del inmueble. Y el pago del Impuesto de Donaciones, es evidente que es una cuestión que queda fuera de ese delimitado ámbito. No es una consecuencia directa e inherente al negocio jurídico. Así, a título de ejemplo, nos podríamos encontrar en el supuesto de que se hubiese valorado el bien por el importe de la deuda, o, fruto del acuerdo de las partes, el actor hubiese debido complementar la diferencia. Con todas las dudas e inconvenientes que supondría en cuanto a la naturaleza del negocio formalizado entre las partes.
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El actor claramente ha obtenido un importante beneficio, en cuanto que no ha tenido que abonar una parte sustancial de la deuda. En esta tesitura, la pregunta es obvia, qué hubiera deseado abonar: el importe del impuesto, ascendente a 4.093,12 euros o, que no se le hubiera condonado parte de la deuda, 24.059,58 euros, y la hubiera tenido que abonar. Claramente, con ese perdón ha obtenido el actor un notable beneficio, que es el que grava dicho impuesto, de modo que ha de afrontarlo, al ser una cuestión que excede de lo acordado en el negocio jurídico formalizado entre las partes.
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CUARTO.- Las precedentes consideraciones han de conducir a la desestimación del recurso de apelación, confirmando la Sentencia recurrida, con expresa imposición de las costas de esta alzada al apelante.
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Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación
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FALLO
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto, por el Procurador D. Manuel Luis Vázquez Almagro, en nombre y representación de D. Martin, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia num. 15 de Sevilla, el día 14 de
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Junio 2013, en los autos de Juicio Verbal num. 437/13, la debo confirmar y confirmo, con imposición de las costas a la parte apelante.
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Y en su día, devuélvanse las actuaciones originales con certificación literal de esta Sentencia y despacho para su ejecución y cumplimiento, al Juzgado de procedencia.
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Así por esta mi Sentencia, de la que quedará testimonio en el Rollo de la Sección la pronuncio, mando y firmo.
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Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado de la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial, D. JOSÉ HERRERA TAGUA, Ponente que la redactó, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha, ante mí el Secretario de lo que certifico.-
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Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 41091370052014100348