• Las tres autoridades coinciden en que el éxito de la reforma pasa por un plan que fije objetivos claros consensuados con todos los sectores de la sociedad, incluidos los colegios profesionales.
• "Solo trabajando conjuntamente con los colegios profesionales se puede conseguir una reforma de la administración que esté al servicio de los ciudadanos", afirman.

Economistas, abogados e ingenieros de caminos han reivindicado este miércoles el papel fundamental que desempeñan los colegios profesionales en el proceso de reforma de la administración pública iniciado por el Gobierno de la Generalitat, “una gran oportunidad” para hacerla más ágil y cercana a la ciudadanía, y que pueda hacer frente a los nuevos retos que afronta la sociedad catalana. Así lo han manifestado los decanos de las tres entidades durante la jornada "La reforma de las administraciones públicas y mejora de los criterios de inversión en Cataluña - Grupo de Evaluación de Políticas Públicas (GAPP)", integrado por los tres colectivos, celebrada en la sede de Barcelona del Colegio de Economistas de Cataluña, y en la que han participado Eva Giménez, secretaria general de la Presidencia de la Generalitat, y Carles Ramió, presidente de la Comisión de Expertos para la Transformación de la Administración Pública.

Carlos Puig de Travy, Jesús M. Sánchez y Pere Calvet, decanos del Colegio de Economistas de Cataluña, del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona y del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos respectivamente, han coincidido en que el éxito de la reforma pasa por un plan que fije objetivos claros consensuados con todos los sectores de la sociedad, incluidos los colegios profesionales. "Solo trabajando conjuntamente con los colegios profesionales se puede conseguir una reforma de la administración que esté al servicio de los ciudadanos". Las tres autoridades han abogado por una administración moderna, eficiente, capacitada, digitalizada y accesible.

Puig de Travy ha reclamado que la reforma sea "estructural y con una vocación muy amplia de mejora", y ha puesto en valor la contribución del mundo profesional en este proceso al ser "el enlace entre administración, empresas y ciudadanos". "No contar con nosotros no tiene sentido porque conocemos las necesidades de empresas y particulares, e identificamos sus problemas", ha dicho. Los profesionales son agentes que "aportan soluciones prácticas, actúan como mediadores y pueden hacer pedagogía de los cambios para evitar que estos den miedo", ha explicado.

Calvet ha celebrado la buena disposición del Gobierno del presidente Salvador Illa para reestructurar la administración, pero ha advertido que "acertar el diagnóstico es un gran paso pero no presupone ni tener la solución ni, en caso de tenerla, disponer de la capacidad para poder implementarla". Por este motivo, el decano del Colegio de Caminos, Canales y Puertos indicó que la reforma debe basarse en tres ejes: eliminar trámites innecesarios, simplificar procedimientos y acelerar plazos. "Necesitamos pasar de una administración excesivamente garantista y dejar el marco mental posterior a la crisis de 2008. Necesitamos que las empresas públicas sean competitivas y al mismo tiempo que puedan contratar a los mejores profesionales posibles. Necesitamos sistemas de control inteligentes que detecten y penalicen, la mala praxis y la corrupción con rapidez eficacia. Las soluciones debemos construirlas juntos", ha concluido.

Por su parte, el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, ​​Jesús M. Sánchez, ha alabado el profundo cambio que está viviendo el ámbito judicial catalán, convertido ahora en un sistema "dinámico y cercano a los ciudadanos". Sin embargo, ha lamentado que, pese a los esfuerzos y el trabajo que está llevando a cabo el actual Gobierno de la Generalitat, todavía no se ha producido el cambio de paradigma que necesita la administración pública y que sí se ha dado en el ámbito de la justicia. Sánchez también ha hecho hincapié en la necesidad de que los colegios profesionales sean escuchados y ha pedido al Gobierno trabajar con ellos "con transparencia" para conseguir una administración líder.

La secretaria general de la Presidencia de la Generalitat, Eva Giménez, y el presidente de la Comisión de Expertos para la Transformación de la Administración Pública, Carles Ramió, han expuesto los avances que ha hecho hasta ahora el ejecutivo de Illa. Giménez ha calificado la reforma de la administración como una "necesidad imperiosa" que no puede retrasarse más para garantizar la mejora de los servicios públicos. "Debemos tener una administración más fácil, más ágil, con menos exceso de burocracia, más ágil, y más cercana", ha manifestado, coincidiendo con la petición de los decanos de los tres colegios profesionales.

Giménez ha detallado que la Comisión de Expertos para la definición de la estrategia de Transformación de la Administración de la Generalitat de Catalunya y la Mejora de los Servicios Públicos, conocida como CETRA y formada por 68 especialistas organizados en 12 grupos de trabajo, tiene previsto presentar en septiembre las propuestas concretas para reformar la administración. Sin embargo, ya ha implementado alguna iniciativa, como el plan de oficinas de atención ciudadana en todo el territorio, tanto físicas, digitales y móviles. "Tenemos mucho trabajo. Nos hemos propuesto como objetivo y soy optimista. Lo tenemos todo para que esta reforma sea posible. No será de un día para otro, pero debemos hacerlo juntos y poniendo la ciudadanía en el centro", ha afirmado.

Ramió, por su parte, ha agrupado las acciones del plan de la Generalitat en cuatro grandes objetivos: mejorar la atención y los servicios a los ciudadanos, mejorar la atención y los servicios a los operadores profesionales, atraer talento y conseguir una administración pública inteligente y flexible. "Necesitamos una normativa que no nos ate las manos de cara al futuro y tener una visión horizontal para hacer una estructura más fluida, con menos obstáculos y hacer frente a las diferentes contingencias", ha dicho.

La jornada ha incluido una mesa redonda para abordar los retos de la reforma, en la que han participado Jaume Erruz, abogado y miembro del Grupo de Evaluación de Políticas Públicas (GAPP), Josep Viñas, presidente de la Comisión de Gestión Pública del Colegio de Economistas de Cataluña, Andreu Arenas, analista sénior de IVÀLUA, y Susana Ferrer, vicedecana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. El debate ha sido moderado por Andreu Ulied, coordinador del Grupo de Evaluación de Políticas Públicas (GAPP).