El ICAB considera que esta reforma es totalmente innecesaria teniendo en cuenta el bajo índice de delincuencia en España en comparación con otros países ya que se duplica "la estancia media en prisión de Francia o de Italia y casi se triplica la de Alemania". Además, los cambios no son menores ya que se han cambiado 250 artículos del texto actual, más de una tercera parte.

Endurecimiento de las penas

Las críticas de la abogacía barcelonesa también están motivadas por el hecho de que el nuevo texto conlleva un incremento de la tipificación de las conductas punibles sin que respondan a una razón de política criminal justificada, por lo que hay un endurecimiento de la respuesta penal. Este hecho no determina una mayor seguridad para los ciudadanos.

Con el nuevo Código algunas faltas pasan a ser delitos leves, y varias pasan a ser infracciones administrativas de la Ley Orgánica. Estos delitos se enjuiciarán en un procedimiento que es el mismo que antes era el de faltas, pero con menos garantías procesales que si fueran un delito de otras características (limitaciones del derecho de defensa y de la prueba)

Además, el decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Oriol Rusca, alerta de que "la despenalización de algunas faltas beneficia abiertamente a determinados sectores, especialmente en el caso de los accidentes de tráfico. El ciudadano deberá asumir el pago de peritajes y posibles condenas en costas, lo que conllevará que en algunas ocasiones se renuncie a reclamar para mayor beneficio de las compañías de seguros".

La modificación del Código Penal también conlleva la incorporación de conductas que ya eran delito, pero que ahora tienen una tipicidad propia, como es el caso del acoso por medio de seguimiento o llamadas que alteran la vida cotidiana (172 ter CP) o el matrimonio forzado (172 bis CP) que son supuestos del delito de coacciones. También el no usar dispositivos telemáticos de control de medidas cautelares (468.3 CP) que supongan un delito de quebrantamiento de la condena.

El ICAB también considera un error la introducción de la "pena de prisión permanente revisable", porque en España la duración de las penas puede llegar hasta los 40 años efectivos de estancia en prisión, periodo que está muy por encima de la media de los cánones europeos.

Además hay conductas que pueden llegar a ser condenadas a través de dos figuras, como por ejemplo en determinados homicidios, o asesinatos -condenables con penas de prisión permanente revisable- por el hecho de haberse cometido sobre menores o personas especialmente vulnerables (que podrían ser supuestos del delito cometido con alevosía); o con posterioridad a un delito contra la libertad sexual (que entran en colisión con el posible concurso real de ambos delitos y su diferente penalidad).

También se han detectado hasta el momento errores en las penas de 16 delitos; de modo que por ejemplo, el delito de omisión del deber de socorro que está previsto que sea juzgado por un jurado popular también está regulado en el Código Penal con un proceso específico.

Este nuevo Código Penal es el producto de una técnica legislativa muy deficiente debido a las prisas en tramitar las leyes.

Denuncias por la forma en que se ha llevado a cabo

La reforma del Código Penal no es sólo denunciable por el fondo sino también por la forma, pues, el Gobierno aprobó una reforma después de haber presentado un texto a la Fiscalía y al Consejo General del Poder Judicial pero llevó al Congreso un texto definitivo sino que incluye materias que no habían sido objeto previamente de dictamen. Incluso en el trámite parlamentario se incluyeron - a través de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular- nuevas figuras penales referidas a delitos que no habían sido sometidas a dictamen previo.

Por último, esta Corporación critica la tendencia a dejar más desprotegida la ciudadanía con un conjunto de reformas -Ley de Seguridad Ciudadana y Ley de Enjuiciamiento Criminal- que además de recortar derechos y libertades aumentan la inseguridad jurídica, porque se usan conceptos jurídicos indeterminados y poco precisos a la hora de sancionar conductas de los ciudadanos, lo que provoca inseguridad jurídica.

Según Rusca, estas reformas tan importantes deberían haberse hecho con un gran consenso político y social: "Tal y como se ha hecho no aportan soluciones a los problemas de la ciudadanía sino que además son demagógicas y electoralistas".

Crítica a los tratados de libre comercio TTIP y TISA

En la rueda de prensa celebrada esta este miércoles en Madrid, Rusca también ha alertado sobre los peligros que puede entrañar para los ciudadanos, para los profesionales, para los jóvenes que acceden al mercado laboral y para los inversores la aprobación de los tratados internacionales TTIP  (que pretende regular los bienes y productos) y TISA (que pretende desregular los servicios).

El decano ha explicado que el primer problema relativo a estos tratados es la forma en que se están elaborando, ya que ambos tratados se están negociando "en secreto y a escondidas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de cualquier Otro mecanismo de transparencia". Y ha añadido que "estos acuerdos están poniendo las bases de un nuevo marco que permita la liberalización y deslocalización de los servicios en el futuro, pues a raíz de estos tratados (TTIP y TISA) muchos de los servicios básicos como la salud, la seguridad o la justicia se podrían privatizar y también se establecerán más penalizaciones importantes para los estados, como las recogidas en las cláusulas del caso 'Castor' que han conllevado al Estado, y por extensión a la ciudadanía, tener que asumir indemnizaciones muy elevadas en favor de empresas privadas".

Por eso Rusca ha denunciado que una liberalización total y radical pondrá en peligro la protección jurídica estatal, de manera que las inversiones se realizarán en el país que los prestadores de servicios decidan; mientras que en el ámbito profesional, también se dará total libertad a las empresas, por lo que en un país podrían ejercer profesionales de otro país sin tener en cuenta la normativa y las garantías de calidad que se exigen para este ejercicio.

Por ello, Rusca insta a las corporaciones y las diferentes formaciones políticas a trabajar de forma conjunta para evitar que los grupos de presión consigan que los Estados cambien la legislación de acuerdo con los intereses de las empresas privadas y del libre mercado en detrimento de las personas.