A pesar de que el texto refleja una voluntad de rectificación sobre una medida que perjudica el acceso de las personas a la justicia, el presidente Rajoy no ha abordado, hasta el momento, durante este debate esta cuestión ni ha respondido a las preguntas que directamente le han hecho sobre este tema.

Si como parece el Gobierno lleva a cabo esta modificación, el ICAB considera que estará corrigiendo un error porque estas nunca deberían haber sido sujetas a este tributo. Sin embargo, considera que es insuficiente porque no habla de derogar la Ley de tasas ni tampoco exime de su pago a autónomos y pequeñas y medianas empresas.

Por este motivo, el Colegio de Abogados de Barcelona reitera una vez más que lo que se debe hacer es derogar la Ley de tasas judiciales porque supone un verdadero freno a que las personas o sus empresas puedan defender sus intereses en los tribunales, haciendo que este derecho sea sólo factible para aquellas que tienen suficientes recursos para hacer frente al pago de la tasa judicial (que puede llegar a un máximo de 3.000 euros). El hecho de no eximir la totalidad de los afectados por las tasas judiciales puede hacer que el sector empresarial acabe repercutiendo el coste de la tasa en los consumidores.

Por otra parte, el Colegio también exige más detalles al gobierno sobre el trámite parlamentario para llevar a cabo esta modificación así como sobre el momento en que esta medida entrará en vigor, que debería ser, "de forma inmediata". Ante esta situación, el Colegio de Abogados de Barcelona seguirá trabajando para conseguir la derogación total de la Ley de tasas judiciales.