En el transcurso de la sesión y como clausura del acto intervino la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Durante su intervención, después de haber sido planteada por el ICAB y la abogacía catalana la necesidad de resolver los problemas de las personas y familias que ven en peligro su vivienda habitual, hizo expresa mención -y comprometió en nombre del Gobierno español- la aprobación de una regulación legal del sobreendeudamiento.

Lo más importante de este anuncio es que determinó que la norma regulará esta figura no sólo para los autónomos sino también para las personas físicas y las familias, que en este momento quedan al margen de tener cualquier solución a los problemas de endeudamiento cuando su patrimonio no alcanza para hacer frente a sus deudas. Si tienen que utilizar la única figura legal vigente aplicable al caso -el concurso de acreedores- su situación no se resuelve porque no pueden liquidar su patrimonio y extinguir su personalidad, como si fueran una sociedad mercantil.

La vicepresidenta del Gobierno precisó también que acortará el plazo de prescripción de las acciones civiles, entre las que es previsible que sean la acción hipotecaria que actualmente tiene un plazo de veinte años y las acciones personales, de quince años de duración. También dijo que se modificaría el principio de responsabilidad patrimonial universal, de forma que no siempre y en todo caso el deudor tenga que seguir respondiendo de sus deudas con tos sus bienes presentes y futuros, como consecuencia obvia de admitir los efectos que derivan de la aplicación del sobreendeudamiento.

Durante estos cuatro últimos años toda la abogacía catalana ha sido un clamor para conseguir una solución a estas situaciones de necesidad que han venido afectando de manera dramática a muchas personas y familias, intentando que la pretensión de establecer una regulación de estas características fuera incorporada en diferentes leyes que se han ido aprobando. Lo cierto es que la única que lo contempló fue la aprobada como Propuesta de Proposición de Ley para presentar en el Congreso por parte del Parlament de Catalunya en julio de 2012. A pesar de ser aprobada por unanimidad de la cámara, no fue admitida en su posterior tramitación en el Congreso. En el camino, se ha intentado en varias ocasiones (de manera muy especial se hizo con la tramitación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, aprobada por el Congreso), pero sin conseguirlo.

En esta ocasión parece que la posibilidad es cierta y, por esta razón, el ICAB se mostrará atento al texto legal que se presente para su aprobación, intentando que se incorporen sus aportaciones para defender de la mejor manera posible los derechos de las personas físicas y las familias que, como consecuencia de la crisis, se han visto abocados a poner en peligro su patrimonio y perder la vivienda habitual.