Esta modificación de la Ley 10/2001 responde a la necesidad de adaptar la Ley de archivos y documentos en el nuevo marco legal derivado de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y determina que, a partir de su entrada en vigor, la Ley debe llamarse como Ley de archivos y gestión de documentos

Establece medidas de transparencia a través del portal de la transparencia y de la sede electrónica o sitio web del organismo titular del servicio de archivo y gestión documental.

Asigna funciones de evaluación documental y de acceso a los documentos en la Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Selección Documental, sin perjuicio de las funciones asignadas por la Ley 19/2014 a la Autoridad Catalana de Protección de Datos ya la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública. Introduce medidas de coordinación entre la Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Selección Documental, la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública y la Autoridad Catalana de Protección de Datos, para garantizar una aplicación homogénea, en sus respectivos ámbitos de actuación, de los principios y las reglas sobre la protección de datos personales y el acceso a la información.

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