Barcelona 11/11/2016. En el marco de la jornada sobre 'El derecho a la información de la persona detenida desde una perspectiva comparada' que ha organizado el Colegio de la Abogacía Barcelona (ICAB) y el Centro Irídia -con el apoyo de la Open Society Justice Initiative- han denunciado nuevamente las dificultades para acceder al atestado policial  en dependencias policiales de Cataluña por parte de los letradas y letrados que realizan asistencias a personas detenidas.

Esta ha sido una de las principales quejas expresadas en el marco de la mesa redonda "el derecho a la información de las personas detenidas desde la perspectiva de los cuerpos policiales", en la que han participado Albert Batlle, director General de la Policía; Josep Lluís Trapero, comisario jefe de los Mossos d’Esquadra; 

También durante estas jornadas el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha presentado las conclusiones y recomendaciones del Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MCPT).

En la última mesa de las jornadas se ha debatido sobre el acceso a la información y  derecho a la defensa. Han participado Alejandro Gámez, miembro de la Comisión de Defensa de la Asociación Libre de Abogados de Madrid (ALA), Diego Boza, miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Eva Labarta, miembro de la Comisión de Derecho Penal Internacional del ICAB y Julia Herrero, diputada de la Junta de Gobierno del ICAB. Esta mesa ha sido moderada por Anaïs Franquesa, letrada y miembro de Irídia-Centro para la Defensa de los Derechos Humanos. Para finalizar la jornada se ha realizado una sesión de trabajo para abordar  la manera de fortalecer el derecho a la información y defensa.

La primera sesión de estas jornadas se celebró ayer con la mesa redonda sobre "el acceso al expediente en sede policial en el ámbito europeo", que reunió a Andy Griffiths, ex miembro del cuerpo de policía británico y miembro del "Institute of Criminal Justice Studies" de la Universidad de Portsmouth, la abogada austriaca Julia Kolda y Susanna Marietti, abogada y miembro de Antígona, asociación por el derecho y la garantía al sistema penal.