Barcelona 5/03/2015. El Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) se ha adherido al manifiesto de rechazo de la reforma del Código penal titulado 'No hay derecho. Por un Código penal de todos". El texto, presentado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, ha contado con la participación en una mesa redonda del decano de los abogados de Barcelona, Oriol Rusca, del decano de la facultad de derecho de la UB, Enoch Albertí, del catedrático de derecho penal de la UB, Joan Josep Queralt, del portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, José Antonio Rodríguez. La mesa ha sido moderada por el catedrático Acr. de Derecho penal, Víctor Gómez.

Todos los ponentes han coincidido en que es totalmente innecesaria la reforma del Código penal teniendo en cuenta el bajo índice de delincuencia en España en comparación con otros países, como por ejemplo Bélgica o Alemania. Justamente la situación es la inversa, ya que los índices de delincuencia han bajado en los últimos 11 años. "Los únicos delitos que han aumentado son los delitos de estafa y robo con fuerza, el resto de delitos han disminuido", ha explicado el decano del Colegio de Abogados de Barcelona pero ha añadido que "este hecho no justifica un cambio que conlleve una restricción de las libertades de las personas y un endurecimiento de las penas, ya que muchas faltas pasan a ser delitos".

En este sentido, Rusca ha calificado de "muy grave" que se pretenda aparentar que se están suprimiendo las faltas que hasta ahora regula el Código penal vigente, cuando la realidad es que muchas de ellas pasan a configurarse como delitos leves o como infracciones administrativas incorporadas al proyecto de Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana. La primera decisión legislativa comportará, como consecuencia, penas más graves para determinadas conductas reguladas hasta ahora; la segunda llevará a sanciones administrativas de importe económico muy grave.

Durante este acto también se ha alertado de que la reforma del Código penal no es menor, ya que modifica 250 artículos del texto actual, más de una tercera parte, y que conlleva un endurecimiento de la respuesta penal sin que exista ningún estudio previo que justifique esta reforma.

Así pues, ha habido un clamor unánime de todos los ponentes al considerar un error la introducción de la "pena de prisión permanente revisable", porque en España la duración de las penas puede llegar hasta los 40 años efectivos de estancia en prisión, período que está por encima de los cánones europeos. Este endurecimiento de las penas no determina una mayor seguridad en una sociedad democrática. Y por eso ha rechazado que en un estado democrático el derecho penal se convierta en un elemento de exclusión social, sancionador de la pobreza y de control indeterminado de la ciudadanía en manos de unos pocos.

El decano del Colegio de Abogados de Barcelona también ha denunciado que la aprobación de este nuevo Código penal conlleva una nueva falta de seguridad jurídica para los ciudadanos en muchas de las conductas que regula, como consecuencia de la descripción y utilización de expresiones ambiguas o indeterminadas en muchas de las figuras penales que se tipifican. Además, Rusca también ha criticado que la legislación actual se está traduciendo en la creación de una red normativa (reforma del código penal, la ley de seguridad ciudadana y del pacto yihadista) que limita las libertades de los ciudadanos.

El manifiesto también denuncia que una reforma tan importante como es la del Código penal ha tenido un proceso parlamentario largo que no se ha utilizado para escuchar con la debida atención las opiniones de instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, El Consejo de Estado, del Consejo Fiscal y de los diferentes grupos parlamentarios. Lo que ha conducido a que el nuevo Código penal sea una modificación a medida del Gobierno, aprovechando su mayoría parlamentaria y desaprovechando así la oportunidad de hacer una reforma de consenso.

La presentación de este manifiesto se ha celebrado de forma simultánea en gran parte de las Facultades de Derecho de las Universidades españolas.