La jornada ha contado con la participación de 700 juristas, tanto de forma presencial en el Salón de Actos del Colegio como en otras modalidades de asistencia, lo que demuestra el interés del mundo jurídico por una materia que ha generado una gran cantidad de normativa en los últimos años y que, en determinados momentos, ha provocado incluso inseguridad jurídica.

A lo largo de la jornada se han celebrado dos mesas redondas en las que se han abordado las principales cuestiones relativas a la normativa de vivienda desde los ámbitos civil, fiscal y administrativo.

La primera mesa, titulada "El alquiler, reescrito", ha sido moderada por Maria José Gómez García, abogada y presidenta de la Sección de Derecho Fiscal y Financiero del ICAB. En ella, Josep M.ª Espinet Asensio, abogado y miembro de la Sección de Derecho Civil del ICAB, ha abordado los alquileres de temporada de habitaciones, las prórrogas y las rentas. Por su parte, José María Tovillas Morán, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona (UB) y secretario de la Sección de Derecho Fiscal y Financiero del ICAB, ha expuesto las reducciones aplicables al arrendador y las deducciones del arrendatario en el IRPF. Asimismo, Alejandro Jiménez Marconi, abogado y presidente de la Sección de Derecho Administrativo del ICAB, ha analizado la urgencia, la convalidación y el nuevo concepto legal de vivienda asequible.

La segunda mesa, bajo el título "Grandes tenedores y fondos buitre en el punto de mira", ha sido moderada por Alejandro Jiménez Marconi. Han intervenido como ponentes Sílvia Jiménez Xarrié, abogada y vicepresidenta de la Sección de Derecho Civil del ICAB, quien ha explicado tanto el estatuto jurídico del gran tenedor como el concepto, las obligaciones y los límites a la adquisición de vivienda. También ha abordado la situación relativa a los desahucios, incluida la moratoria hasta 2030 y la enervación extraordinaria.Maria José Gómez ha tratado la vertiente fiscal, analizando los recargos del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), la tributación del alquiler turístico y las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (SOCIMI). Por último, Gabriel Capilla Vidal, abogado y vicepresidente de la Sección de Derecho Administrativo del ICAB, ha analizado la responsabilidad patrimonial del Estado legislador para tratar de dar respuesta a la siguiente cuestión: ¿Quién paga la función social de la vivienda?